La OEA define hoy la pulseada por el organismo de libertad de expresión

Argentina se abrió de los aliados liderados por Venezuela y se alineó junto a EE.UU. para defender ese ente.

Por Ana Barón, en "Clarín"

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José de Jesús Orozco, hizo ayer un dramático llamado a los cancilleres de la OEA que se reúnen hoy en Washington para que no sometan a la prestigiosa organización que preside a un “estrangulamiento económico” que implique el “cierre” de la Relatoría para la Libertad de Expresión.

Ecuador, Venezuela, Nicaragua y Bolivia propusieron que la CIDH y sus relatorías sean financiadas únicamente con fondos de los países miembros de la OEA o con contribuciones “sin fines específicos¨. Es decir, si esta propuesta fuese aprobada hoy, la CIDH no podría recibir más fondos de terceros países o de organizaciones internacionales para proyectos “específicos” como lo hace actualmente.

“Si se impide que la Comisión reciba estos apoyos, nos preocupa que se propicie el estrangulamiento financiero de la Comisión”, dijo Orozco en una conferencia de prensa en Washington. El 30% del presupuesto de la CIDH proviene de países europeros, mientras que todo lo de la Relatoría para la Libertad de Expresión proviene de la cooperación internacional.

“La Relatoría se financia integralmente por proyectos de cooperación internacional, elaborados por la propia Relatoría, de conformidad con su agenda estratégica aprobada por la CIDH”, explicó Catalina Botero, la relatora para la Libertad de Expresión, quien participó de la conferencia de prensa. “Esperamos que los Estados comprendan la importancia que tiene poder obtener este tipo de recursos, que no tomen ninguna decisión que pueda impedirnos acceder a los escasísimos recursos que tenemos para poder operar y cumplir con nuestro mandato”, dijo Botero. Y advirtió que si no pueden acceder a esos fondos, eso implicará “el cierre de esta oficina”.

El proyecto de resolución que alcanzó el mayor consenso antes de la reunión de hoy dice que los Estados se comprometen a proveer todo el financiamiento de la CIDH, pero hasta que eso ocurra se aceptarán contribuciones voluntarias “preferentemente” sin fines específicos. “La palabra preferentemente es lo que cambia todo”, explicó a Clarín un diplomático que participa en las negociaciones, que pidió no ser identificado.

Esta resolución cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Uruguay, Costa Rica, Brasil, México, El Salvador y Colombia. Y también Argentina, que se sumó a éste grupo a último momento, enfrentada a los posiciones del ALBA.

Argentina tomó esta decisión causando sorpresa en sus aliados de Venezuela y los otros integrantes del ALBA.

La posición de EE.UU. es delicada, porque los países del ALBA quieren no sólo a debilitar a la CIDH financieramente, sino que también disminuya la participación en el proceso de decisión de los países que si bien firmaron la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no la ratificaron. Estados Unidos es uno de esas naciones, como también Canadá y varios países caribeños.

Los integrantes del ALBA querían mudar la sede de la CIDH a otro país, para que no estuviera en uno que no ratificó la convención. En ese contexto, Argentina propuso a Buenos Aires para instalar la nueva sede. Brasil bloqueó esta iniciativa, que murió antes de ser debatida seriamente, pero ayer Uruguay la resucitó.

La situación es tan delicada que un grupo de ex presidentes de América latina escribió ayer una carta abierta haciendo un llamado a “ dotar a la CIDH con los recursos financieros indispensables para la protección y defensa de los derechos humanos en todo el hemisferio”. La carta está firmada por el ex presidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias; los ex mandatarios Alejandro Toledo (Perú), Vicente Fox (México), Fernando De la Rúa (Argentina); Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora y Jorge Quiroga (Bolivia); César Gaviria y Ernesto Samper (Colombia); Osvaldo Hurtado Larrea (Ecuador), entre otros.