El Tribunal convocó a las partes para el 28 y pidió la participación de cinco organizaciones por cada uno. Deberán opinar sobre la constitucionalidad de cuatro artículos clave
Bernardo Vázquez, en "El Cronista"
Conscientes de la relevancia política del tema, en la
Corte Suprema de Justicia agotarán todas las instancias posibles antes
de emitir un fallo en la causa que enfrenta al Grupo Clarín con el
Gobierno por la aplicación de la Ley de Medios. En esa línea, previo a
fijar la fecha de sentencia definitiva, el máximo tribunal decidió
convocar a las partes a una audiencia pública para el miércoles 28 de
este mes, en la que además participarán diez organizaciones –cinco por
cada involucrado– que deberán argumentar sobre la constitucionalidad, o
no, de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley. Además, acorde a lo
publicado por El Cronista ayer, invalidó una resolución de la jefa de
fiscales Alejandra Gils Carbó y ordenó que designe un nuevo Procurador
ante la Corte, en reemplazo de la subrogante Alejandra Cordone Roselló,
nombrada por Gils Carbó en 2012.
“Ante la trascendencia de las cuestiones planteadas en estas actuaciones para ser decididas por esta Corte, se considera apropiado habilitar los instrumentos especialmente previstos para permitir la participación ciudadana en el debate constitucional”, señaló la Corte a través del Centro de Información Judicial. Fuentes de los tribunales informaron que se convocó a las partes, a diez amicus curiae (amigos del Tribunal) y a peritos que intervinieron en la causa que ya tiene fallo de segunda instancia de la Cámara Civil y Comercial Federal, que declaró constitucionales los artículos 41 y 161, referidos al plazo de transferencia de licencias y adecuación, e inconstitucionales el 45 y el 48, que establecen el número de licencias permitidas.
En la Corte consideraron que para la audiencia, el Estado deberá tener una representación unificada, lo mismo que el Grupo Clarín. Cada parte dispondrá de 30 minutos para exponer sus argumentos, mientras que los “amicus curiae” tendrán 15 minutos y “no podrán ser miembros de los Poderes del Estado o partidos políticos”.
Sobre el comunicado de la Corte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella opinó que “hace cuatro años que tenemos una ley votada por el parlamento nacional y sancionada por amplia mayoría, y no la podemos aplicar integralmente por las estrategias de Clarín para sostener su situación de privilegio”.
En cuanto a la invalidación del fallo en el que Gils Carbó autorizó a Cordone Roselló para ser fiscal subrogante ante la Corte, el tribunal respaldó lo actuado por Cordone, pero pidió que se designe un nuevo representante mediante concurso. En la causa, un particular pidió a la Corte que “se declare la nulidad del dictamen de Cordone por ser designada mediante la creación de cargos sin estar habilitada”.
En el entorno de Gils Carbó interpretaron el fallo como “el mal menor”, teniendo en cuenta que se especulaba que la Corte podía suspender todas las subrogancias y frenar, por ejemplo, causas que investigan delitos de lesa humanidad. No obstante, desde la Procuración advierten que la decisión de la Corte puede producir un aluvión de denuncias sobre la legalidad de la designación de fiscales que intervienen en cientos de causas particulares.
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