La primera reflexión acerca de este tiempo de pandemia y sus efectos en la comunicación judicial, podría centrarse en el debate instalado en los medios masivos y las redes sociales en torno al servicio de justicia y su funcionamiento. Un tema que no requiere de emergencias sanitarias para resultar necesario, que se volvió centro de escena en el showroom binario de los programas televisivos.
Son 70 días de trabajo domiciliario en la justicia porteña, con un arranque que estuvo centrado en la respuesta inmediata; y desde ya hace un par de semanas, con tareas que fueron normalizándose paulatinamente. Setenta nuevos días que serán el disparador de un cambio que vino para quedarse.
El modo presencial en un hábitat como el de la comunicación resulta indispensable para las coberturas y las impresiones de primera mano, que no permiten soslayar el lugar de los hechos. Sin embargo, no es lo mismo escribir, comunicar, producir contenidos; cuando se trata de cuestiones que se judicializan en tiempos de emergencia sanitaria. Hay un compromiso claro, se sabe que se comunica una decisión que repercute muchas veces más allá del amparista o el colectivo que reclamó puntualmente y le puso nombre propio a esa carátula.
Así llegamos a difundir y tener muchísima repercusión con cuestiones puntuales a los sinsabores del COVID-19. Los tres más leídos, sirven de ejemplo para ver por donde marcharon las inquietudes de nuestro público. El primero, inherente al transporte público y el alerta acerca de la situación legal de una corporación internacional frente a la posibilidad de contagio en sus pasajeros; el segundo, referido a la demanda de padres que solicitaron dar breves paseos junto a hijos que padecen trastornos del espectro autista; y el tercero, a partir de la denegatoria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas, ante el pedido de autorización de traslados a la costa bonaerense para la continuidad de la cuarentena. Son tres, hubo muchas más, se comunicó y se reflejó lo que estuvo en la discusión pública, porque se judicializó; y porque se resolvió rápido en ambos fueros.
También se trabajó en la difusión de amparos y edictos, referidos a cuestiones que iban desde las necesidades propias de los trabajadores de la Salud o la Educación; los conflictos de los colectivos más vulnerables, barrios carenciados y hospitales neuropsiquiátricos; hasta el debate de los mayores de 70 años y su movilidad en el distrito.
En este último caso, la presentación la realizó un particular en horas de la tarde; minutos después desde iJudicial difundimos su existencia y objeto; producto de ello, decenas de ciudadanos sumaron su opinión en el expediente, vía mail; y a las 23:52 el juez firmó la resolución donde declaró la inconstitucionalidad de la norma. Consultado en los días posteriores por el periodista Andrés Fidanza, para el diario Perfil, quien inició el amparo señaló: “El juzgado se portó muy bien. Parecía Suecia”.
Volviendo a Buenos Aires, el camino de las resoluciones estuvo enmarcado por el modo remoto, las audiencias por vía virtual y las notificaciones electrónicas. Hay sin dudas una nueva escena que comenzó a trazarse, en torno a la agilización y al uso inteligente de las nuevas tecnologías, que seguramente se prolongará más allá de los imperativos que construyó esta inesperada coyuntura. Estos modos y formas que ya contaban con un puñado de aliados en algunos juzgados porteños, vinieron para quedarse, y levantarán la calidad en la atención, acorde a la demanda ciudadana de mejor servicio al justiciable, y a aquellos abogados que “patean” diariamente (no por ahora) nuestros jóvenes tribunales. Previo al aislamiento, el Consejo de la Magistratura avanzaba en la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE), ese camino ya transitado en la mayoría de los juzgados permitió que el tratamiento de las actuaciones fuera mucho más dinámico.
Partiendo de la premisa de cuidar al personal sin desatender las necesidades ciudadanas, se resolvió el 12 de abril poner en funciones una línea de atención gratuita: 0800-999-MUJER, para atender casos de violencia doméstica e intrafamiliar. Días después, el Centro de la Mujer reabrió sus puertas en el barrio porteño de La Boca, extremando los protocolos para la seguridad de sus trabajadoras, y de quienes necesiten concurrir a su sede.
La tarea implementada generó que desde el propio organismo se convocará a otros actores de la vida institucional porteña, para que se sumen a esa velocidad. Así se requirió al Banco Ciudad la adecuación de su sistema informático, para el pago electrónico de los honorarios en los procesos judiciales; y a la Obra Social de la Ciudad, para que incorpore una dirección electrónica de recepción de los amparos judiciales, casi siempre urgidos por cuestiones de salud impostergables.
Mientras tanto, ya se comenzó a trabajar en la elaboración y propuesta de los protocolos de salud y seguridad indispensables para la flexibilización paulatina de manera focalizada, gradual y progresiva. Aún no sabemos cuándo, sin embargo sabemos que volveremos a nuestros puestos de trabajo y que seguiremos sembrando en torno a la idea de brindar cada día un mejor servicio de justicia.
Lic. Rodrigo Estévez Andrade - Jefe de Información Judicial (iJudicial) - Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires
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