La libertad de prensa global está en el punto más bajo en 25 años de mediciones de Reporteros sin Fronteras
El Índice de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) empezó a publicarse en 2002 y su edición número 25 es la que ha ofrecido el peor dato hasta la fecha. La evaluación más reciente de la capacidad que tienen los periodistas para trabajar sin presiones, censura o violencia concluye que por primera vez más del 50% de los 180 países y territorios analizados ofrecen una situación «difícil» o «muy grave» para esos profesionales
Esta evolución a peor, que implica que menos del 1% de la población mundial vive en países con condiciones realmente favorables para ejercer el periodismo, viene motivada por varios factores. RSF señala el auge de regímenes autoritarios, el uso de leyes de seguridad nacional contra periodistas, las causas judiciales intimidatorias, la crisis económica de los medios y la polarización política como causas clave.
Todo ello explica que en poco más de dos décadas los países en situación «difícil» o «muy grave» para los profesionales de la información hayan pasado de ser el 13,7% de la primera edición de 2002 a sumar el 52,2% de la última. De hecho, 100 de los 180 países y territorios analizados han empeorado su situación respecto al año pasado en un escenario de caída sostenida de la libertad de prensa en todo el mundo.
Noruega encabeza la clasificación por décimo año consecutivo y Países Bajos, Estonia, Suecia y Finlandia la secundan. Al final de la lista figura Eritrea como país en peores condiciones para la libertad de prensa por tercer año seguido, precediendo a Tayikistán, Irán, China y Corea del Norte.
España está entre los 100 países que han empeorado su posición respecto al año pasado por riesgos como litigios abusivos y presiones políticas.
Por su parte, España figura en el puesto 29, lo que supone perder posiciones respecto a 2025. Se trata de la quinta mayor caída después de las de Níger, Argentina, El Salvador y EEUU.
Según RSF eso se debe a la polarización política, que «difumina peligrosamente la línea entre noticias y opinión». Además apela a que la libertad de prensa en nuestro país está amenazada por el incremento de litigios abusivos y presiones políticas sobre los periodistas.
La organización recuerda igualmente que el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha implementado la Ley Europea de Libertad de Prensa, un reglamento aprobado en 2024 de aplicación directa en estados miembro. Esa normativa fue promulgada para hacer frente a la interferencia política en medios públicos y presiones económicas y concentraciones mediáticas, así como para incrementar la transparencia sobre la propiedad y financiación de medios.
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