"La Ley de Medios de la Argentina mira hacia atrás"

Presidió el organismo que controla radios y canales de TV de España. Dice que la norma “no contempla la convergencia” con Internet. 

Por Gabriel Ziblat, en "Perfil"

 
Invitado. Participó de unas jornadas sobre televisión por cable. | Foto: Marcelo Aballay

Ángel García Castillejo fue regulador del mercado de telecomunicaciones y radiodifusión en España. Algo así como el “Martín Sabbatella español”. Sin embargo, a pesar de defender las “buenas intenciones” de la ley que debe aplicar el titular de la Afsca, es crítico porque “mira hacia atrás” y no promueve la convergencia tecnológica entre telefonía, televisión e internet. Destaca la independencia que debe tener la autoridad de aplicación y asevera que la pluralidad “la garantizan los medios públicos”.

—¿Hay manera de que una competencia libre garantice la pluralidad de voces?
—Es un problema de gestión económica y de inversión. Los medios tradicionalmente progresistas en TV tienen dificultades para el acceso al mercado publicitario. Con lo cual el negocio televisivo suele terminar en sectores ligados a entornos conservadores. En radio y televisión aparece un elemento que es clave para garantizar la pluralidad, que son los medios públicos. Si los medios no están al servicio del gobierno son el único ámbito de difusión donde se garantiza la pluralidad de un país.

—En Argentina hay muchos medios privados sustentados por la publicidad oficial.
—En Europa no se ha dado. Porque la legislación establece la obligación de la distribución de la inversión publicitaria de manera proporcional a las audiencias y lectores.

—¿Y qué pasa si los medios públicos no tienen el rating suficiente?
—La experiencia en España se visualiza con los tres últimos gobiernos. Cuando llega el socialismo, en 2004, TVE ocupaba el tercer puesto en rating, se la veía con un línea progubernamental. Zapatero garantizó una fuerte independencia y las audiencias se dispararon al punto de que TVE llegó a liderar. Hoy ha vuelto a una posición gregaria.

—¿Cómo está compuesto el ente regulador en España y cuál era su vínculo con el gobierno?
—Está formado por entre 7 o 9 miembros, que se someten al examen del Parlamento. Todos tienen que ser profesionales de reconocido prestigio vinculados al sector. Tiene independiencia económica, con una tasa abonada por los operadores. En mi experiencia puedo decir que en los debates internos se generaban bloques, pero no eran partidarios, sino que nos dividíamos entre juristas, economistas e ingenieros.

—¿Qué opinión tiene de la Ley de Medios argentina?
—Tengo la convicción de que la redacción es bienintencionada. Pero el legislador argentino miró hacia atrás. Es una ley que peca de partir de premisas muy teóricas, académicas, pero sin acercarse a la realidad del mercado.

—En el caso español se liberalizó la norma para romper un monopolio (Telefónica) y en el caso argentino se fijaron restricciones. ¿Cuál es el mejor camino?
—Según mi punto de vista, la solución óptima es proceder a la liberalización estableciendo mecanismos de desarrollo del sector público. En España nunca se ha entrado como elefante en cacharrería: se respetaron los intereses de los agentes que estaban en el mercado.

El Gobierno acusa a Clarín de querer “autocomprarse”

El Gobierno volvió a someter el proceso del Grupo Clarín para cumplir con la Ley de Medios (adecuación) a cuestionamientos. Ayer, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) que conduce Martín Sabbatella intimó al multimedios a que aclare vinculaciones societarias porque, aduce, existen nexos entre las unidades 1 y 2. Desde Clarín tildaron la lectura del Gobierno como un “disparate”.

En el organismo consideran que entre los fideicomisos que forman parte de la Unidad 1 y la 2 hay “nombres” que “están vinculados entre sí a través de sociedades”. Se refieren a David Camerini (unidad 1), Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra (unidad 2), que serían socios en Fox Horan & Camerini LLP; y a José María Saenz Valiente (h.) (unidad 1) e Ignacio José María Sáenz Valiente (unidad 2), que serían socios del Estudio Jurídico Sáenz Valiente y Asociados.

La Afsca le da a Clarín diez días para que demuestre que no existen vínculos societarios entre los administradores de ambos fondos fiduciarios propuestos en el plan de adecuación, y lo amenaza con que en caso contrario rechazará el plan y aplicará la transferencia de oficio, es decir, el Estado elegirá qué empresas debe “devolver” el Grupo.  

Fuentes del multimedios rechazaron la acusación y aseguraron que “lo importante de los fideicomisos no son los fiduciarios sino quiénes lo constituyen”. Y en ese sentido, remarcan que los dueños de la unidad 1 son José Aranda y Lucio Pagliaro y los de la unidad 2, Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble.