Santoro es el mensaje

Sin periodismo profesional no hay democracia plena. Sin periodistas dedicados a la investigación, los
ciudadanos carecen de información imprescindible para comprender asuntos de interés público porque no pueden obtenerla de otra manera. Y nada de eso puede lograrse sin recurrir a las fuentes que proveen datos y hechos, y si en esa tarea no están aseguradas las garantías previstas para el oficio en nuestra Constitución: la integridad física, la libertad de expresión y el secreto profesional.
Por José Crettaz, en "La Nación"

El llamado a indagatoria del periodista Daniel Santoro por parte del juez
federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, y su eventual procesamiento,
embargo y hasta prisión preventiva trascienden ampliamente el caso en el
que aparece involucrado por haber tenido como fuente al presunto
extorsionador Marcelo D'Alessio. Aunque ese sujeto mantuvo relaciones
estrechas con muchos otros periodistas y fue consultado públicamente en
programas de radio y televisión, es Santoro el único periodista acusado de
espionaje ilegal, extorsión, coerción y ser miembro de una asociación ilícita
por el solo hecho de haber tenido a D'Alessio como fuente. Una fuente más.

No es casual. Santoro es uno de los periodistas de investigación de mayor
trayectoria del país, respetado y premiado internacionalmente con los
mayores reconocimientos de la actividad (Moors Cabot y Rey de España,
entre ellos). Por su trabajo la sociedad argentina conoció la construcción en
secreto del misil Cóndor II, el tráfico ilegal de armas a Ecuador y Croacia, la
vinculación del general César Milani con la desaparición del conscripto
Agapito Ledo y el enriquecimiento ilícito de varios funcionarios de distintos
gobiernos, entre otros casos.

El ensañamiento del magistrado, cuya imparcialidad ya no es indiscutible, con
Santoro es un mensaje muy nítido de un sector político hacia el periodismo
profesional que no debe dejar indiferente a la sociedad. Un mensaje que tiene
además un coro de fondo en el que se escuchan voces militantes pidiendo juicios
y castigos para el periodismo, y revisión de condenas o procesamientos para
políticos y empresarios presos o investigados. Completa ese concierto el arsenal
desinformador de los medios creados o cooptados durante el gobierno anterior,
algunos de las cuales se gestionan impunemente desde los penales de Ezeiza y
Marcos Paz. Desinformación amplificada además en las redes sociales por una
militancia que espera y opera por el regreso de su lideresa.

Santoro tal vez sea el primero de una fila no tan extensa de periodistas que en
los últimos años arriesgaron mucho más que su prestigio en la investigación de
maquinarias de corrupción a gran escala y en la que se cruzan intereses públicos
y privados, partidarios y empresariales. El propio Santoro -el escarnio público al
que está siendo sometido y los riesgos que enfrenta- es el mensaje de lo que
podría pasarles a los demás.

Los periodistas podemos ser buenos, malos o mediocres en nuestro ejercicio
profesional, pero eso no se resuelve en los tribunales federales, sino en las escuelas
de periodismo con mejor formación, en las buenas prácticas profesionales en las
redacciones bien lideradas y en la autorregulación del oficio del que debemos
participar. En el peor de los casos, siempre está el fuero civil.

En el afán de competencia por la primicia y la relevancia propia, los periodistas,
como pasa en muchas otras profesiones, podemos caer en mala praxis. Estafadores
como D'Alessio siempre van a existir, y todos podemos ser usados por uno de ellos.
Existen también distintas sensibilidades éticas, como las que en los 90 nos hacían
discutir la pertinencia de las cámaras ocultas. Pero la difusión de información de
interés público verificada, aun cuando haya sido obtenida por terceros mediante
ilícitos, es parte de nuestro trabajo y lo fue desde siempre del Watergate a Wikileaks.
De Garganta Profunda a Edward Snowden.

La demolición del periodismo profesional que expuso rutas de dinero y cuadernos de
corrupción parece un primer paso para la anulación de las causas que por primera vez
en la historia llegan a juicio y que involucran a lo más encumbrado del poder. La idea
es hacer de cuenta que aquí no pasó nada y que todo lo que se hizo, dijo y comprobó
no existió. El capítulo final del relato que espera el favor popular en las elecciones para
volver al principio. Pero esta vez recargado.

Porque la situación es gravísima, algunos silencios llaman la atención y duelen: salvo
muy pocas excepciones, el de los republicanos que dicen defender la división de poderes,
el Estado de Derecho y la libertad de expresión, y también el de muchos periodistas que
tal vez ya no recuerden cómo y qué consecuencias acarrea investigar al poder. En cualquier
tiempo y lugar.

Si un solo juez militante puede generar esta amenaza, da para temer lo que podría hacer
una justicia entera degradada de su condición de poder constituido y convertida en un
simple servicio militante.