En agosto del año pasado un juez estadounidense dictaminó que Google incurría en prácticas monopolísticas en el territorio de las búsquedas en internet. Y tras aquella sentencia histórica el Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama ahora la fragmentación del gigante de internet para tratar de poner palos en las ruedas su monopolio en el ámbito de las búsquedas en la red de redes. El Ejecutivo estadounidense y la compañía de Mountain View se ven desde este lunes las caras en los tribunales en un juicio que se presume absolutamente decisivo para el futuro de Google y en el que se decidirán las consecuencias del monopolio dictaminado en agosto del año pasado por el magistrado Amit Mehta.
Durante el inicio de ese juicio el Departamento de Justicia de Estados Unidos se mostró absolutamente implacable con Google y reclamó al juez Amit Mehta que su dictamen castigara a la compañía liderada por Sundar Pichai por la violación reiterada de las normas de la competencia en el área de las búsquedas en internet.
El Gobierno estadounidense exige a Google que haga concesiones y que comparta algunos de los datos de su todopoderoso motor de búsqueda con sus competidores. El Departamento de Justicia solicita además a la compañía que dé por finiquitados los millonarios acuerdos en virtud de los cuales Google paga generosas sumas de dinero a navegadores como Firefox y Safari para que su motor de búsqueda sea allí el buscador por defecto.
En el juicio comenzado ayer lunes se subirán al estrado no solo Google y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sino también representantes de rivales directos del omnipresente motor de búsqueda de la compañía como Bing y DuckDuckGo.
Pese a que se antoja decisivo para el porvenir de Google, el juicio iniciado ayer será probablemente solo un paso intermedio, pues podrían pasar varios años antes de que se tome una decisión final. Por lo pronto la compañía de Mountain View ya ha anunciado su intención de apelar el dictamen del magistrado Amit Mehta. Google debe esperar, no obstante, a la decisión relativa a las consecuencias de ese dictamen antes de rebelarse contra lo que allí se dirime en estos momentos.
Google se rebela contra las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos
La compañía se está defendiendo de las acusaciones del Gobierno asegurando que sus demandas causarían perjuicio a los consumidores y desacelerarían también en último término la innovación.
Según la compañía radicada en Mountain View, la fragmentación de Google provocaría el trasvase de más usuarios a otros motores de búsqueda que son, a su juicio, notablemente peores y menos sólidos que el suyo propio. El dictamen emitido en agosto de 2024 por el juez Amit Mehta no estima que Google haya obtenido su actual monopolio en el ámbito de las búsquedas de manera ilegal, pero sí acusa a la compañía de tratar de proteger ese monopolio amparándose en prácticas ilegales.
La compañía argumenta además que una eventual fragmentación de su compañía socavaría los intereses de Estados Unidos en la feroz batalla con China por el liderazgo tecnológico.
Google advierte igualmente de que la escisión del navegador Chrome de la compañía, tal y como reclama el Gobierno de Estados Unidos, tendría consecuencias «extraordinarias». Y asegura que tal requerimiento nada tiene que ver con las prácticas calificadas como monopolísticas por el magistrado Amit Mehta en su histórica sentencia contra Google.
La compañía de Mountain View no gana para disgustos y la semana pasada sufrió otro duro varapalo en los tribunales. Un juez del estado de Virginia dictaminó que Google había levantado los cimientos de un monopolio en el ámbito de la publicidad online apoyándose en prácticas anticompetitivas. Tras este dictamen se celebrará un segundo juicio en el que se decidirán las consecuencias emanadas de la sentencia.
En diciembre de 2023 Google fue asimismo condenado en Estados Unidos por incurrir en prácticas monopolísticas en su tienda de aplicaciones y la condena obligó a la compañía a efectuar cambios en Play Store (como abrir esta plataforma a terceros y autorizar allí medios de pago distintos de los suyos propios).
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