Publicado en "DirComfidencial".-
El Gobierno australiano encabezado por Anthony Albanese ha decidido abandonar su proyecto de sancionar a plataformas de internet con hasta el 5% de sus ingresos globales si propagan desinformación.
El plan formaba parte de su estrategia para evitar la pérdida de soberanía frente a compañías extranjeras, pero la posición de minoría de los laboristas en el Senado lo hace imposible ante el rechazo anticipado de la coalición entre liberales y nacionales, así como el de los verdes.
Todos ellos consideran que el proyecto de ley, denominado Communications Legislation Amendment (Combatting Misinformation and Disinformation), es inadecuado por motivos diferentes. Si liberales y nacionales consideran que un marco legal de este tipo podría abrir las puertas a censura y restricciones en la libertad de expresión, los verdes creen que ha sido pobremente explicado y que resulta poco práctico.
El resultado es una derrota para el Gobierno laborista, partido que a un año de las elecciones federales está por debajo de la coalición que hubiera bloqueado la iniciativa en el Senado.
El Ejecutivo de Albanese pretendía con este plan dar respuesta al hecho de que más del 80% de los australianos reclaman acciones contra la información falsa, pero en vista del el escenario actual ha invitado a todos los parlamentarios a pensar en nuevas alternativas para proteger a los australianos en internet.
Entre ellas, la eventual implementación de regulación en el uso de la inteligencia artificial o un mayor escrutinio sobre el contenido de la publicidad política en tiempos electorales.
Lo que sí está ya sobre la mesa es una propuesta del Gobierno para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, que a su vez genera dudas entre los expertos sobre su posible choque con derechos como la libertad de expresión, acceso a la información o privacidad.
El control de la actividad de las plataformas y su impacto sobre los ciudadanos se ha convertido en un tema transversal entre los políticos australianos en los últimos años. Ya el antecesor de Albanese, el liberal Scott Morrison, impulsó en 2021 el marco normativo por el que consiguió que Google y Meta se vieran obligadas a negociar con los medios locales el pago del uso de sus contenidos. Y por esas fechas la autoridad de la competencia del país acusó a Google de abuso de posición predominante en publicidad digital.
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