La tecnología permite hoy mostrar lo que
por lo general los gobiernos prefieren ocultar; en esa premisa se apoya
un movimiento que cobra fuerza a nivel internacional y que consiste en
"abrir" la información pública para que la ciudadanía controle más de
cerca al poder; los avances en el mundo y el incómodo lugar de la
Argentina en esta arena
Por Lorena Oliva
| LA NACION
Todos
los días, los ciudadanos españoles pueden acceder al boletín oficial, a
la actividad de los ministros y hasta a la agenda del presidente a
través del sitio www.datos.gob.es . Desde el portal de datos del gobierno norteamericano - www.data.gov
- los ciudadanos de ese país pueden obtener información de lo más
variada: desde los sueldos de los funcionarios hasta la evolución de las
infecciones hospitalarias. El Estado inglés, en tanto, tiene
aproximadamente 3200 bases de datos relacionados con su funcionamiento y
ofrece a los ingleses unas cincuenta herramientas útiles -conocidas
como aplicaciones- creadas con toda la información que publica en su
portal, www.data.gov. uk .
¿Mero rejunte de datos? En absoluto. Estos casos son
ejemplos de buenas prácticas en materia de transparencia gubernamental,
algo que, en la era 2.0, potencia aquello de que el Estado puede y debe
rendir cuentas a los ciudadanos por una razón muy simple: son ellos
quienes, con el pago de sus impuestos, lo financian.
Ya decía Francis Bacon que la información es poder. Y
lo que buscan los ejemplos antes citados -y otros tantos que empiezan a
multiplicarse en el mundo- es, justamente, transferir ese poder del
Estado al ciudadano.
La utopía, en todos los casos, es la misma: a caballo
del desarrollo digital, propone pasar de simples modelos de gobierno
electrónico a estructuras de gobierno abierto, en las que la información
que el Estado va generando como producto de su funcionamiento deje de
estar guardada bajo siete llaves y comience a estar disponible para
todos.
Y no sólo aquella información relacionada con el clima,
la cultura o el transporte sino - y sobre todo- la que tiene que ver
con su financiamiento y el manejo de los recursos del Estado, ese
resquicio por el que a menudo se cuela la arbitrariedad: desde las
planillas de sueldos de los funcionarios, pasando por el detalle de lo
que cada organismo paga por lo que se compra hasta, incluso, la
posibilidad de cotejar el presupuesto aprobado con el ejecutado a partir
de la publicación de ambos.
Detrás de esta utopía existe además un organismo
internacional que se encarga de promover una mayor apertura por parte de
los gobiernos, la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas
en inglés), impulsada por EE.UU. y secundado por otros países que son
referentes en sus propias regiones, como Brasil y el Reino Unido.
La existencia de la OGP es relativamente reciente -data
de septiembre de 2011- y ya nuclea a casi 60 naciones que, al formar
parte del organismo, se comprometieron a defender el valor de la
apertura de datos no sólo como un mecanismo de participación ciudadana
sino también como una herramienta efizaz de lucha contra la corrupción.
Es que no se trata únicamente de difundir la
información relacionada con el funcionamiento estatal. Además de
difundirla, los Estados tienen que abrirla, es decir, ponerla a
disposición de los ciudadanos en los portales gubernamentales y en
formatos simples, como archivos Excel, de manera que cualquiera que sepa
manejar una computadora pueda acceder a ella e interpretarla.
Los beneficios son múltiples. Un Estado abierto,
dispuesto a brindar toda la información relacionada con su
funcionamiento, acorta sensiblemente la distancia con el ciudadano.
Facilita el control social del gasto público y también simplifica la
vida cotidiana, sobre todo en los gobiernos locales, en donde la
generación de herramientas relacionadas con la vida cultural o el
transporte público están a la orden del día.
Pero no siempre la información abierta y en estado puro
es significativa para el ciudadano. Generalmente hacen falta figuras o
mecanismos capaces de traducir, contextualizar o cruzar esa información
con otros datos para volverlos productivos.
"Los datos abiertos de los Estados tienen varios
destinatarios. El primero es el ciudadano que aporta con sus impuestos
al erario público y tiene derecho a saber en qué se gasta su dinero. El
segundo: las ONG, capaces de ejercer un control social a partir de esos
datos. También los contratistas del Estado, que pueden estar interesados
en obtener información a la hora de concursar precios, y también la
oposición. El tercero es el periodismo, que en algunos países se vuelve
más relevante que en otros", puntualiza Sandra Crucianelli, periodista
especializada en investigación y becaria del programa Knight International Journalism Fellowship , que entre otras cosas promueve la innovación periodística.
"Si el rol de las ONG y de los ciudadanos en materia de
control social se cumpliera -señala la especialista-, casi no haría
falta el periodismo para este tipo de asuntos. Pero en países como el
nuestro no hay una cultura de control social ni en los ciudadanos ni en
las ONG, excepto el caso de algunas más ligadas a la transparencia. Y la
oposición se ha vuelto un poco más proactiva en la materia en los
últimos dos o tres años."
Los gobiernos también se ven beneficiados con la
apertura de datos. El sólo ejercicio de ordenarlos y reformatearlos para
volverlos accesibles implica un criterio de orden beneficioso para
cualquier gestión. Algunos especialistas también señalan la ventaja de
reducir el riesgo de pérdida de información cuando, por ejemplo, un
funcionario abandona su cargo y se lleva consigo conocimientos o datos
no documentados.
Información sensible
Esto no significa, claro está, que los gobiernos deban
abrir toda su información. "En general se dice que los datos sensibles o
privados no deben ser compartidos, pero los términos siguen siendo
ambiguos. No obstante lo anterior, las restricciones deben ser siempre
la excepción", sostiene Gastón Concha Fariña, ingeniero chileno
especializado en gobierno electrónico y consultor internacional en la
materia.
Concha Fariña es coautor de un paper titulado
recientemente por la Cepal: "Datos abiertos: un nuevo desafío para los
gobiernos de la región", en el que ofrece recomendaciones y analiza los
primeros resultados en el mundo, contrastándolos con el escaso impacto
en Latinoamérica.
"América latina tiene poco que decir en temas de
apertura de datos. Esto es bastante obvio toda vez que la apertura de
datos va muy relacionada con los modelos de madurez de gobierno
electrónico y con la creación de leyes de transparencia y acceso a la información pública.
(.)", indica el documento, en el que se destacan avances en Uruguay y
Chile. Otras fuentes también reconocen el liderazgo de Brasil en el
tema. De hecho, ese país fue sede de la segunda conferencia de la OGP,
en abril del año pasado.
En el trabajo antes mencionado se puntualizan los ocho
principios que deben regir cualquier modelo de apertura de datos. Se
recomienda, entre otros puntos, abrir todos los datos públicos y no sólo
los que la autoridad estime pertinentes; la publicación de los datos
originales, sin procesamientos o formas agregadas, así como una
actualización ágil de los datos, de manera que pueda preservarse su
valor público.
"La sola apertura de datos claramente es insuficiente
-admite el experto chileno-. Se requiere implementar a continuación una
estrategia que incentive la participación e, incluso, en etapas más
maduras, propiciar lo que se denomina el proceso de colaboración, donde
el gobierno puede llegar a delegar la iniciativa y conducción de los
proyectos en la ciudadanía misma."
Hace pocos días nuestro país se convirtió en miembro de
la OGP. El organismo respondió de esta manera a la solicitud de
participación firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina,
en octubre último. La aprobación se basó en las conclusiones de un
comité de expertos que, al evaluar cuatro criterios de elegibilidad
-acceso a la información, transparencia fiscal, publicidad y divultación
de documentos relacionados con funcionarios públicos y compromiso con
los ciudadanos-, le otorgó a la Argentina 13 puntos sobre un total de
16.
Con respecto al criterio de acceso a la información,
tal vez el punto más espinoso para nuestro país, los especialistas
otorgaron, sin embargo, 3 puntos sobre un total de 4, reconociendo que, pese a que el país no tiene ley de acceso a la información pública, existe un decreto -el 1172 03, firmado por Néstor Kirchner- que permite solicitar información al poder Ejecutivo y los organismos que dependen de él.
Aunque la aplicación y alcances de este decreto son
cuestionados por las ONG especializadas en transparencia, lo cierto es
que para que nuestro país se convierta en miembro pleno deberá presentar
una estrategia en materia de apertura de datos hacia la segunda mitad
de este año. LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Mariano Greco,
subsecretario de Tecnologías de Gestión de la Jefatura de Gabinete, el
organismo que estaría a cargo del asunto.
"Hasta el momento, cada jurisdicción y cada oficina
tiene su propio sitio web con sus propias características. No hay una
política unificada. Algunos datos están visibles, otros están visibles
pero desactualizados. También es frecuente que la información esté
visible, como en el caso de la publicidad oficial, pero al estar como
formato de imagen, no se puede extraer la información. Visible no es lo
mismo que accesible", explica Crucianelli.
"La voluntad argentina de participar en la OGP extraña
porque desde afuera no se observa un compromiso con la transparencia
sino más bien dificultades. Tal vez haya detrás de esta actitud otros
incentivos: se trata de una práctica impulsada por líderes de peso, como
Barack Obama o Dilma Rousseff y no está bien visto quedarse afuera",
arriesga Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano.
En diálogo con LA NACION, Secchi recuerda que la OGP se
apoya no sólo en el compromiso de los Estados, sino también en la
capacidad de control de las organizaciones de la sociedad civil. "Las
ONG son las que deben insistir para que los gobiernos cumplan con sus
compromisos y son las encargadas de reportar a la OGP. El monitoreo
social es fundamental, tanto por parte de los ciudadanos como de las
ONG. Pero tiene que haber un claro acompañamiento del Poder Judicial
para sancionar a quien incumpla", agrega.
Iniciativas aisladas
A pesar de que la performance nacional en materia de
transparencia genera, hasta el momento, más dudas que certezas,
comienzan a cobrar notoriedad algunas iniciativas interesantes aunque
aisladas de apertura de datos en los sitios de algunas ciudades como
Buenos Aires, Bahía Blanca o Jesús María. En el sitio de la
Municipalidad de Jesús María, por ejemplo, están disponibles las
planillas de sueldos de la planta permanente y de los funcionarios
políticos hasta octubre de 2012.
"Las iniciativas de este tipo tienen más impacto a
nivel hiperlocal porque te permiten estar más cerca del vecino. Por eso
el tema prende más rápido en las ciudades, que empiezan a conectarse
entre sí: una aplicación creada para una determinada ciudad puede
adaptarse y ser útil para las demás", reconoce Rudi Borrman, director de
Buenos Aires Data, el portal de datos abiertos de la ciudad de Buenos
Aires, que depende del Ministerio de Modernización del Gabinete, creado
en diciembre de 2011.
"El concepto de apertura y democratización de la
información está atacando a un montón de organizaciones diseñadas
originalmente para ser cerradas, pero que ahora se van a tener que
adaptar. Primero trabajamos con áreas que tenían una publicación de
información frecuente, como puede ser la relacionada con información
geográfica. Vamos trabajando área por área. Ésa es nuestra estrategia.
Por el momento nos pasan información y nosotros la publicamos, pero
esperamos que más adelante podamos crear valor con esa información",
describe Borrman.
Todos los teóricos y especialistas coinciden en afirmar
que este nuevo paradigma en el manejo de datos no sólo promueve
democracias más transparentes sino también más participativas y
colaborativas. Un modelo de madurez que se ha convertido en una meta
mundial. Tanto que, como dijo Hillary Clinton hace muy poco, decir que
un país es comunista o capitalista, o que pertenece a Oriente o a
Occidente, es cosa del pasado. Hoy, lo que realmente importa saber es si
es abierto o cerrado.
Iniciativa global
Más transparencia, más democracia
Nacida en septiembre de 2011, la Alianza para el
Gobierno Abierto (OGP son sus siglas en inglés) es impulsada por los
Estados Unidos y Brasil. Está formada por 58 países. Al promover una
mayor transparencia, el organismose propone tanto luchar contra la
corrupción mediante un mayor control social, como fomentar la democracia
en el mundo.
BARACK OBAMA
Presidente de los EE.UU
- La apertura de datos gubernamentales fue una prioridad para Obama desde el inicio de su gestión.
- Entre los logros de su administración se puede mencionar un completo sitio de datos abiertos así como un apartado de datos en el portal de cada organismo gubernamental.
- El gobierno norteamericano tiene sitio en Internet desde 1999.
- "Buscamos promover una mayor divulgación de la información gubernamental. Capacitar a los ciudadanos sobre nuevas formas de participar en su democracia."
DILMA ROUSSEFF
Presidenta de Brasil
- El gobierno brasileño posee ley de transparencia desde fines de 2011.
- Desde que forma parte de la OGP, los especialistas remarcan importantes avances en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.
- Entre los diferentes tipos de datos abiertos en ese país, pueden consultarse las inversiones de cara al Mundial de Fútbol y las Olimpíadas.
- "La apertura de datos debe darse no sólo en el Ejecutivo sino también en el nivel judicial y el legislativo".
CLAVES PARA INTEGRAR LA OGP
- 4
Criterios
De elegibilidad deben reunir los miembros de la OGP. Acceso a la información, transparencia fiscal y compromiso con los ciudadanos, entre otros.
- 8
Principios
Rigen cualquier modelo de gobierno abierto. Entre ellos, la publicación de todos los datos en formatos libres de exclusividad.
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