No hace mucho que he escrito sobre la mala interpretación que, tanto desde los medios de comunicación social como de los propios responsables institucionales, se hace del concepto de protocolo.
Para los que nos dedicamos a estos menesteres -los relacionados con el protocolo- no cabe la menor duda de cuál es su función en las instituciones oficiales. Cuidamos de la perfecta puesta en escena de cualquier acto que se lleve a cabo bajo el paraguas oficial, proyectando un perfil de orden y eficacia institucional; defendemos el lugar que corresponde a las personas que representan la voluntad popular expresada en las urnas y preservamos la imagen de lo que ellos representan. Esa es nuestra tarea fundamental: preservar la imagen institucional. Y lo hacemos desde los principios de legalidad -aplicando normas oficiales- , de la economía de medios – porque gastamos el dinero del erario público- y de la eficacia de nuestra actuación porque sabemos qué , cómo y cuando hacerlo . Todo ello, además, aplicando de manera recurrente los principios deontológicos que se exigen a cualquier profesional.
Sin embargo, lo que percibe la sociedad -trasladado por los medios de comunicación y, a veces, por los propios representantes institucionales- es que el protocolo no sirve para nada. Y tienen parte de razón si por protocolo oficial se entiende los gastos ocasionados en comidas, vehículos-despacho de lujo y viajes a costa de los presupuestos para estudiar la respuesta ambiental en el Nilo ante la aparición de la oruga de la patata. Lógico es que desde esta sesgada perspectiva el protocolo no sirva más que a unos cuantos y que la sociedad rechace todo lo relacionado con el mismo.
Cuando nosotros nos referimos a la organización de actos, “los otros” se refieren a gastos de representación; cuando lo hacemos respecto del cuidado de la imagen institucional, ellos se refieren a vehículos de alta gama y cuando hacemos mención a las precedencias, los usos y costumbres o la norma que obliga a una determinada disposición de banderas, ellos hablan de alejamiento de la realidad y actuaciones trasnochadas.
Los gastos desmesurados en comidas, coches y viajes – actividades todas ellas distintas al protocolo- han hecho que la opinión pública perciba que éste sólo sirve a los que tienen un alto poder adquisitivo circunstancia que, por otro lado, está íntimamente relacionada con “la clase política”. Todo ello hace que nuestra profesión y la existencia del protocolo en las instituciones oficiales se esté poniendo en entredicho ante la constante y machacona idea de que se gastan alegremente en protocolo recursos económicos que podrían ser utilizados para otros menesteres.
Bien está que tanto desde los periódicos, la radio y la televisión como desde los partidos políticos se promueva una contención de los gastos de representación. Mejor está que se reduzca el gasto de comidas en restaurantes de lujo. Encomiable es que se reduzca el número y costo de los vehículos oficiales, pero de ahí a que se relacionen determinados gastos con el protocolo hay un trecho, mejor dicho, un abismo.
Lo peor de todo es que en este momento lo relacionado con el protocolo institucional pinta mal. Tanta es la desprecocupación por el protocolo oficial que tenemos un Real Decreto de precedencias absolutamente trasnochado y cuya reforma y actualización ningún gobierno ha querido acometer; algunas comunidades autónomas no tienen legislación que establezca precedenias o tratamientos intraautonomía – lo que les permite hacer y deshacer según les convenga- y finalmente, solo algunas instituciones oficiales cuentan con verdaderos profesionales del protocolo, lo que las lleva a un constante descuido de su imagen pública despreciando, por deconocimiento, el impulso de legítima proyección de la actividad institucional que proporcionan las técnicas de protocolo.
Llegan hasta mi varias fotografías de la ”investidura” de los nuevos diputados a las Cortes de Castilla La Mancha a las que sumo, también, otras fotografías de la anterior legislatura como respaldo a mi tesis anteriormente expuesta: ausencia de protocolo. En las primeras podéis observar cómo el Presidente de Las Cortes de Castilla La Mancha entrega la medalla que acredita al Diputado cuando, desde mi modesto punto de vista, debería haberla “impuesto” como seña de “investidura” que significa “conferir una dignidad o cargo importante”. La medalla de las Cortes no es un premio sino un verdadero símbolo que determina la representatividad democrática. El Presidente de las Cortes con la investidura, confiere el mandato expresado en las urnas. Esto es protocolo.
En las mismas fotografías podemos ver que, donde debieran estar presentes las banderas de España y La Comunidad Castellano-Manchega, por toda simbología se ha dispuesto una cámara de vídeo. Esto es descuido de la imagen institucional oficial, por ausencia de especialistas en protocolo.
Pero no ha sido la primera vez que en las Cortes Castellanas no se hacen las cosas bien. En la anterior legislatura tampoco se tuvo en cuenta que la forma en que se disponen las banderas está regulada por la ley….esto también es protocolo. Observa las fotografías.
Las fotografías de la “entrega de medallas” son de Ignacio López para el digitalcastillalamancha.es.
“Solo los tontos se burlan del protocolo. Simplifica la vida”. Maurice de Talleyrand.
© Juan de Dios Orozco López
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