El acceso a la información y las empresas públicas
El derecho a acceder a la información pública
es esencial para promover la transparencia, permitir el control
ciudadano y combatir la corrupción. Sin embargo, la Argentina no tiene
una ley nacional que regule este derecho. La única norma a nivel
nacional es el Decreto 1172/2003, que obliga al Estado a brindar
información pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional e incluye a
empresas que reciben fondos públicos o brindan servicios públicos.
La Corte Suprema dijo en el caso ADC vs. PAMI que la obligación de informar rige también para las empresas del Estado y empresas privadas que actúen con capacidad estatal. El crecimiento de la participación estatal en la economía a través de empresas públicas es grande. Tras la crisis de 2001, se inició un nuevo proceso que incluyó la reestatización de empresas privatizadas en los noventa. Esto supuso un aumento del presupuesto nacional dedicado a empresas públicas. Mientras que en 2006 las empresas públicas recibieron un 2% del gasto público, en 2012 la cifra ascendió al 8%. En este contexto, es fundamental garantizar el acceso a la información para saber cómo se invierten los impuestos.
Para la vida democrática es esencial acceder a información sobre cómo desarrolla sus funciones el Estado. Y las empresas públicas que reciben fondos públicos, o son de propiedad del Estado, deben hacer pública información que permita un control social del gasto. CIPPEC realizó una investigación para conocer la brecha de implementación del Decreto 1772/03 de acceso a la información pública en relación con las empresas públicas.
Para ello se enviaron pedidos de acceso a 14 empresas que representan el 85% del gasto destinado a empresas públicas. De estos 14 pedidos se recibieron 9 respuestas. Ninguna empresa contestó todo el pedido. Cuatro empresas respondieron con el 10% o menos de la información solicitada; dos, remitieron un 25%, y las tres restantes aproximadamente un 65%. Las empresas que mejor respondieron a los pedidos fueron Educ.ar, Telam y Lotería Nacional.
¿Qué factores inciden en la debilidad de las respuestas? Algunas empresas, aún con voluntad de informar, no saben cómo hacerlo. Otras no consideran que el acceso a la información y la transparencia sea una prioridad. También existe una falta de precisión en la regulación, por lo que muchas empresas no se consideren obligadas. Además no existe un mecanismo de control que garantice el cumplimiento de la norma.
Es necesaria una política pública de acceso a la información y de transparencias para las empresas que administran fondos estatales, brindan servicios públicos o son controladas por el Estado. Para ello, es fundamental que el Congreso sancione una ley nacional de acceso a la información que contemple a las empresas públicas. Además, es importante un amplio debate sobre los estándares de transparencia y de publicidad deseables para estas empresas. A su vez, es necesario que las empresas generen canales institucionales y manuales de procedimiento para responder a los pedidos de acceso a la información en formatos accesibles, preferentemente de manera digital.
El primer paso es poner en agenda la importancia del acceso a la información como un pilar del desarrollo democrático, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Las empresas públicas prestan un servicio público, y es un derecho conocer cómo funcionan y cómo ejecutan su presupuesto, para que los organismos especializados y la sociedad civil puedan ejercer un control responsable sobre ellas.
La Corte Suprema dijo en el caso ADC vs. PAMI que la obligación de informar rige también para las empresas del Estado y empresas privadas que actúen con capacidad estatal. El crecimiento de la participación estatal en la economía a través de empresas públicas es grande. Tras la crisis de 2001, se inició un nuevo proceso que incluyó la reestatización de empresas privatizadas en los noventa. Esto supuso un aumento del presupuesto nacional dedicado a empresas públicas. Mientras que en 2006 las empresas públicas recibieron un 2% del gasto público, en 2012 la cifra ascendió al 8%. En este contexto, es fundamental garantizar el acceso a la información para saber cómo se invierten los impuestos.
Para la vida democrática es esencial acceder a información sobre cómo desarrolla sus funciones el Estado. Y las empresas públicas que reciben fondos públicos, o son de propiedad del Estado, deben hacer pública información que permita un control social del gasto. CIPPEC realizó una investigación para conocer la brecha de implementación del Decreto 1772/03 de acceso a la información pública en relación con las empresas públicas.
Para ello se enviaron pedidos de acceso a 14 empresas que representan el 85% del gasto destinado a empresas públicas. De estos 14 pedidos se recibieron 9 respuestas. Ninguna empresa contestó todo el pedido. Cuatro empresas respondieron con el 10% o menos de la información solicitada; dos, remitieron un 25%, y las tres restantes aproximadamente un 65%. Las empresas que mejor respondieron a los pedidos fueron Educ.ar, Telam y Lotería Nacional.
¿Qué factores inciden en la debilidad de las respuestas? Algunas empresas, aún con voluntad de informar, no saben cómo hacerlo. Otras no consideran que el acceso a la información y la transparencia sea una prioridad. También existe una falta de precisión en la regulación, por lo que muchas empresas no se consideren obligadas. Además no existe un mecanismo de control que garantice el cumplimiento de la norma.
Es necesaria una política pública de acceso a la información y de transparencias para las empresas que administran fondos estatales, brindan servicios públicos o son controladas por el Estado. Para ello, es fundamental que el Congreso sancione una ley nacional de acceso a la información que contemple a las empresas públicas. Además, es importante un amplio debate sobre los estándares de transparencia y de publicidad deseables para estas empresas. A su vez, es necesario que las empresas generen canales institucionales y manuales de procedimiento para responder a los pedidos de acceso a la información en formatos accesibles, preferentemente de manera digital.
El primer paso es poner en agenda la importancia del acceso a la información como un pilar del desarrollo democrático, para fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Las empresas públicas prestan un servicio público, y es un derecho conocer cómo funcionan y cómo ejecutan su presupuesto, para que los organismos especializados y la sociedad civil puedan ejercer un control responsable sobre ellas.
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