Por Andrés Sanguinetti, en "El Cronista"
Podría judicializar el caso si el
Gobierno reconoce vinculaciones societarias con la emisora, cuyo plan de
adecuación ya lleva un año y medio sin ser tratado por la Afsca
El grupo Telefónica podría recurrir a la justicia si el Gobierno
finalmente lo obliga a desprenderse de Telefe para cumplir con la Ley de
Medios. La posibilidad es barajada por autoridades de la filial local
del holding español como alternativa a que la Autoridad Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) le impida mantener el
control sobre Canal 11 de la Ciudad de Buenos Aires y otras ocho señales
en el interior argumentando que la norma prohibe a una prestadora de un
servicio público como el de telefonía ser titular de licencias de TV.
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Las demoras por parte del organismo que preside Martín Sabbatella
en tratar la propuesta de desinversión presentada por Telefe el 7 de
diciembre de 2012, y las opiniones públicas y privadas de varios
funcionarios sobre el futuro de este canal refuerzan la teoría de la
judicialización de uno de los pocos procesos de adecuación a la Ley de
Medios que todavía no tiene dictamen. Recién, la semana pasada,
Sabbatella volvió a referirse al tema. En declaraciones radiales sostuvo
que el plan será tratado en la próxima reunión de directorio del
organismo. Sin embargo, evitó ponerle fecha a ese encuentro. De hecho,
la última reunión fue el 16 de abril, cuando se trataron temas
vinculados con llamados a licitaciones y adjudicaciones de licencias en
varias provincias. Y la anterior había sido el 17 de febrero, cuando se
aprobó la propuesta del Grupo Clarín que fue presentada un año más tarde
que la de Telefe.
En su plan de adecuación, Televisión Federal S.A, propietaria de esta
señala y de otros ocho canales de Bahía Blanca, Neuquén, Santa Fe,
Rosario, Salta, Tucumán, Córdoba y Mar del Plata, no hace referencia a
ninguna vinculación ejecutiva con Telefónica. Plantea la posible venta
de los canales 9 de Bahía Blanca y 7 de Neuquén para cumplir con los
límites impuestos por el artículo 45 a la posición de mercado. Después
de criticar dicho artículo y de asegurar que “no es claro y puede
interpretarse de diferentes maneras”, igual propone desinvertir en ambas
señales para no superar el 35% de posición de mercado que impone la Ley
de Medios. Pero solicita la ampliación de la vigencia de las dos
licencias que vencen en 2017 por otros 10 años más para hacer mas
atractiva una eventual operación de venta.
Sin embargo, la propuesta no hace referencia a los impedimentos que la
ley impone a titulares de concesiones de servicios públicos. De hecho,
la televisora aseguró en varias oportunidades haber documentado que no
posee participación, ni relación accionaria o ejecutiva, con ninguna
prestadora de un servicio público. Y fuentes de Telefe insistieron ante
El Cronista sobre ese escenario a la vez que rechazaron la posibilidad
de recurrir a la Justicia. “No es una alternativa que estemos
barajando”, dijeron.
Otros insisten en que Telefe es propiedad de Telefónica de España, a su
vez controlante de Telefónica de Argentina, y por ende empresa de
servicio público. También aseguran la existencia de documentos firmados
en 2001 por el entonces presidente de Telefónica, Carlos Fernandez
Prida, reconociendo la titularidad del grupo sobre Telefe y Canal 9. Fue
tras un debate abierto en el gobierno de la Alianza por los límites que
Telefónica debía cumplir ante la ley de medios y que derivó en el
proceso de venta de Canal 9 a Daniel Hadad, en tanto mantuvo Telefe.
Sobre este aspecto, en varias declaraciones públicas Sabbatella ha
venido dando pistas sobre su postura. Ha dicho que el dueño de Telefe es
el grupo español y no Telefónica de Argentina. Y también que esta
empresa no tiene ninguna vinculación societaria con la controlante del
canal de televisión. “Telefónica de Argentina no tiene medios en el
país”, le dijo en diciembre de 2012 al portal Infobae.com.
Sin embargo, desde esos días a la fecha, el Gobierno no terminó de
definir la suerte de Telefe. Sólo los directores por la oposición en
Afsca, Marcelo Stubrin (UCR) y Gerardo Milman
(GEN-FAP), cuestionaron por “inaceptable” la interrupción del proceso
de análisis de los planes de adecuación y reclamaron que el directorio
se vuelva a reunir para tratar los que faltan, entre ellos el de Telefe y
los del Grupo Prisa (Radio Continental) y Telecentro (Pierri). En
febrero, Sabbatella había anticipado que esto se haría en abril. Sin
embargo, tampoco ese plazo se cumplió.
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