Por Belén Kemchs Deloya, en "Revista Mexicana de Comunicación"
Fue una noche durante la cena, mientras mi abuela atendía el
noticiero de López Dóriga, que mi impresión del artículo sexto se empezó
a complicar; veía las notas muy priistas y los colmillos del dinosaurio
tricolor estuvieron a punto de atacarme atravesando la pantalla como en
efecto 3D.
Recordemos que el artículo sexto constitucional dice, entre otras
cosas, que “El derecho a la información será garantizado por el Estado”[1].
Es interesante como, por primera vez en muchos años, gracias a la
iniciativa de la reforma constitucional en telecomunicaciones, este
artículo contendrá transformaciones, junto con el séptimo
constitucional, a favor de la libertad de expresión y la prohibición de
la publicidad integrada, además de marcar el rumbo hacia las nuevas
tecnologías como un derecho universal.
José López Portillo fue quien tuvo la idea de dar una novedad a la
constitución original de 1917, pues reconoció que el Estado tendría que
garantizar el derecho a la información. En su toma de posesión como
presidente, el 1 de diciembre de 1976, ‘Jolopo’ dijo: “En el caso de la
información no basta con abrir la oportunidad legal y libre para que
haya información y comunicación. En una economía mixta en la que los
procesos mercantiles también se garantizan, menester es garantizar que
quienes por la fortuna no tienen medios, tengan sí la seguridad de
informar y ser informados”[2].
Otro de los surcos creados en la tierra fértil de la reforma
constitucional mexicana que puntualiza el derecho de acceso a la
información como un derecho fundamental, es la publicación de la Ley
Federal de Transparencia que constituye el progreso en materia de acceso
a la información o transparencia gubernamental, ya que anteriormente
los gobiernos federales y locales tenían censurado, bajo mil candados,
el manejo de su información financiera, como sueldos, destino y
utilización de los recursos monetarios; incluso información básica que
hoy nos parece cotidiana como la relativa a las propias organizaciones:
su organigrama, tipos de contrataciones, entre otros.
En junio de 2007 se decretó la reforma al artículo sexto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que toda
persona tiene, desde entonces, “la facultad de conocer sin trabas ni
condiciones artificiales todos los documentos en los que consta la
actividad de los gobiernos federal, estatal y municipal de México.”[3]
Con esos criterios constitucionales se homologó en todas la entidades
del país el acceso a la información pública gubernamental para así
privilegiar el principio de máxima publicidad en el acceso a la
información. Sin embargo, en ese momento, de los medios nadie habló.
Y es que hoy, más de 35 años después de que el Estado garantizara la
información al pueblo mexicano y a 40 años de que TELEVISA naciera con
la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente, el senador
de la República, Javier Corral ha reconocido que “nunca (antes) se
había podido tocar en nuestro país desde el sexto y el séptimo
propiamente el sujeto fundamental del derecho de la información que son
los medios de comunicación”.
Los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para lograr
el derecho a la información que el Estado tiene la obligación de
garantizar. Pero sin enrolarme en términos complejos, como lo son los
anglicismos must carry, que define la obligación que tienen los
concesionarios de televisión radiodifundida a poner a disposición de
todos los sistemas de televisión restringida sus señales de manera
gratuita, y must offer, la obligación que tienen los
concesionarios de televisión restringida de transmitir simultáneamente
sin interrupciones, incluida la publicidad y toda la programación[4],
lo cierto es que el enunciado “el derecho a la información será
garantizado por el Estado”, que dicta la constitución, es interpretado
con dificultad por la opinión pública.
Pilar Vázquez tiene 55 años de edad y es jefa del departamento de
recursos humanos en una institución gubernamental. Se le preguntó qué
significa eso que dicta el artículo sexto de la Constitución de que “el
derecho a la información será garantizado por el Estado”, ella
respondió: “El estado se compromete a no bloquear o manipular la
información que se proporciona en los medios de comunicación”. Con must carry y must offer la respuesta es árida como el desierto.
Mariana Plata, diseñadora de modas independiente, de 25 años de edad,
incorporada a la era de internet, también es distante a los términos must carry y must offer, aunque
para ella que el Estado le garantice el derecho a la información “es el
deber del Estado de mantener a sus ciudadanos informados y para esto
debe apoyar a diferentes medios de comunicación como periódicos,
televisión, radio y redes sociales”. Para una interpretación como ésta,
la Cámara de Diputados ya dio una posible resolución, pues en su
aprobación del viernes 22 de marzo se planteó que el “Estado debe
garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y
telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Se adicionó de manera
expresa la inclusión del servicio de internet”.
El mismo artículo sexto tiene como novedad “establecer la creación de
un organismo público con autonomía técnica, operativa, de decisión y de
gestión que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin
fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de
personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que
promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y
cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información
imparcial objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e
internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente”.[5]
Con ejemplos testimoniales de personas que viven las leyes,
entendemos que uno de los mayores retos que queda por hacer en esta
iniciativa es el contacto con la gente, con los de abajo, con los que
ven todas las noches el noticiero de Joaquín López Dóriga en el Canal de
las Estrellas, los que pagan por los servicios de telefonía, internet
y/o televisión. Ellos, los verdaderos beneficiarios o mártires de las
aprobaciones legislativas y ejecutivas.
*2º lugar en Ensayo Nivel Licenciatura
del Certamen de géneros del Aniversario
64 de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García
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