Diego Rossi sostiene que recientes iniciativas en
Brasil y Colombia contextualizan críticamente la concurrencia liberal a
la “neutralidad de la red” y plantean diferentes construcciones
políticas y estratégicas que permiten interpelar la situación argentina.
Por Diego Rossi *
(Página/12)
La neutralidad de la red garantiza “a cada usuario el derecho a
acceder, utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido,
aplicación, servicio o protocolo a través de Internet sin ningún tipo de
restricción, discriminación, distinción, bloqueo, interferencia,
entorpecimiento o degradación” (art. 56 Ley Argentina Digital).
Esta u otras definiciones generales no resuelven por sí mismas las
fuertes implicancias de las movidas de los oligopólicos prestadores de
servicios, generadores, distribuidores y exhibidores de contenidos, la
mayoría con casa matriz en Estados Unidos, España o México. A la lista
de multimedios y telefónicas, no dejemos de agregar actores más
transnacionales si cabe, como Google-YouTube, Facebook-WhatsApp o
Netflix.
Son intereses poco neutrales. Las políticas públicas de los Estados resultan claves, más aún cuando el comercio electrónico y las conexiones jaquean la jurisdicción nacional, reeditando una suerte de puja entre librecambistas y proteccionistas del siglo XXI.
Marco civil de Internet: reglamentación participativa. En Brasil, 5º país del mundo en usuarios de Internet, mientras está previsto un ambicioso Plan Banda Ancha para Todos hacia 2018, a fines de enero el gobierno abrió la reglamentación participativa de la pionera ley de Marco Civil, sancionada en abril de 2014.
Capitalizando la experiencia enriquecedora del tratamiento de la ley, a través de una plataforma digital se abre al debate y recomendaciones para precisar temas del Marco Civil, cuya definición depende de la reglamentación. Se llama a consulta pública sobre la neutralidad de red, la privacidad y el almacenamiento de registros de acceso, de conexión, responsabilidad de los operadores, de sitios, de servicios, de redes sociales y de aplicaciones.
Facebook + Colombia... El 14 de enero, en Colombia, el presidente Santos y Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, anunciaron ampulosamente “un país más equitativo conectando a Internet a todos”. En realidad, la iniciativa, de la ONG Internet.org, integrada por Facebook y Samsung entre otros, es dar conectividad gratuita para un puñado de sitios, en un combo válido sólo para los usuarios de smartphones de la telefónica Tigo, en algunos lugares del país.
Esto contribuye a la confusión sobre garantías de acceso universal. “La conectividad es necesaria e incrementa el PBI de un país. Las aplicaciones que forman parte del menú surgen de una discusión entre Internet.org, el operador y el gobierno, quienes determinan cuáles son más útiles y van a mejorar más su vida”, argumentan interesadamente el ministerio de las TIC y la ONG vía el diario El Tiempo.
Estas ofertas, conocidas como “zero-rating”, van de plano contra los principios de neutralidad de la red, y están prohibidas en Noruega o Chile. El tema está a la orden del día en Estados Unidos, principalmente motorizado por las maniobras de las telefónicas y Netflix.
El desafío Argentina Digital. En Argentina, para 2015 se prevé la articulación de las fuertes inversiones públicas en Arsat y en la operatividad de la Red Federal de Fibra Optica, componente estratégico para la soberanía comunicacional.
En un servicio que la reciente Ley Argentina Digital vincula con el derecho humano a las comunicaciones, resulta imprescindible proteger la redistribución del ingreso, la palabra y el conocimiento; contemplando asimetrías, áreas de tráfico y alojamiento de información digital.
¿Cuál será el precio de la conectividad, y cuáles las condiciones de calidad, velocidad y tráfico para quienes brindan acceso a Internet y servicios digitales?
Las definiciones generalistas de la Ley Argentina Digital y su precipitado tratamiento a fines de 2014 podrían tener su revancha si se siguiera el ejemplo brasileño de reglamentación participativa: además de legitimar el proceso de decisiones públicas, el Gobierno retomaría la línea explicitada en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que permitió difundir y mejorar el proyecto de Transición a la TV Digital aprobado por Decreto 2456/14).
Frente a las próximas candidaturas y planes sectoriales, la experiencia colombiana actualiza la lección: detrás de los slogans existen diferentes prácticas políticas, sistemas de alianzas e impactos reales a la hora de diseñar la infraestructura y los socios del país.
* Docente UBA, Facultad de Ciencias Sociales, @diegodrossi
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