La industria de PR británica se prepara para una batalla legislativa por regulación del lobbying

El funcionario de la Oficina de Gabinete Mark Harper supervisa la iniciativa del Gobierno

La industria de PR del Reino Unido se prepara para dar batalla al Gobierno, que busca imponer estrictos controles tanto para el lobbying como para las relaciones con los medios de comunicación.

El 70% de los miembros del Instituto Colegiado de Relaciones Públicas (CIPR, según sus siglas en inglés) expresaron su desacuerdo con que se excluya de los registros de lobistas a aquellos in-house o a las donaciones con fines caritativos.

Sin embargo, el Gobierno negó que el registro de lobistas que propone sea discriminatorio, o que vaya en contra de alguna ley de la Unión Europea, como sugirió la revista PRWeek.

Un portavoz de la Oficina de Gabinete expresó su desacuerdo con PRWeek: “Hemos aclarado que la transparencia es el principal objetivo de esta iniciativa, y es importante que la gente pueda ver a quién representan cada uno de los lobistas que frecuentan a los ministros”.

La fecha límite para la consulta, que es supervisada por el subsecretario de Estado, Mark Harper, es el 13 de abril. Recientemente, Harper defendió la posición del Gobierno respecto de los profesionales de asuntos públicos en un evento organizado por el CIPR.

“Cuando un representante in-house de una empresa viene para verme, el público sabe qué está pasando y la reunión es transparente. Si alguien de una agencia viene para verme, nadie sabe a quién representa ─ y eso no es transparente”, explicó.

Harper coincidió que la definición de lobbying será uno de los aspectos clave del proceso de consulta, e insistió en que los proyectos del Gobierno son sólo “un punto de partida”, y que todos los actores involucrados podrán expresarse para llevar a buen puerto la iniciativa.

El funcionario agregó que el lobbying juega una parte “valiosa” en el proceso democrático. “No es el Gobierno que cree que la industria del lobbying ejerce una influencia excesiva, pero así lo cree una gran parte de la población”, dijo. “Eso no le hace ningún bien al Parlamento y tampoco a la industria de asuntos pública. El objetivo tiene que ser mayor transparencia”.