Lo solicitó la fiscalía, alineada con el gobierno. Miguel Otero denunció un atropello contra la libertad de expresión.
Caracas, Agencias Afp, Ap y Efe
La fiscalía venezolana solicitó congelar las cuentas y bienes del director del diario El Nacional, uno de los principales del país y crítico del gobierno, a raíz de una demanda en su contra, una medida que el empresario consideró un “atropello” contra la libertad de expresión.
La fiscalía pidió a un juez “la congelación de cuentas, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes muebles e inmuebles del editor del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero”, indicó la fiscal general, Luisa Ortega, citada en un comunicado del organismo.
“Esto no es sino un atropello a la libertad de expresión, un nuevo atropello para limitar la libertad de expresión”, expresó Otero en un video difundido en la página web de El Nacional.
Ortega explicó que el pedido forma parte de una investigación a Otero a raíz de una demanda en su contra planteada por el ex alcalde metropolitano de Caracas Alfredo Peña (2000-2004) para cobrarle 3,5 millones de dólares.
“Consideramos que estos hechos podrían revestir carácter penal, pues no sabemos de dónde el (ex) funcionario público obtuvo esa cantidad de dinero, ni tampoco conocemos por qué el demandado debía esa suma”, indicó la fiscal.
Sin embargo, Otero aseguró que no ha sido convocado por la fiscalía “para ningún caso” y anunció que dará más información cuando tenga “acceso al expediente” del caso o a “la información oficial”. “Algo que no existe hasta los momentos ni me han permitido tener”, denunció. El empresario mantiene un fuerte enfrentamiento con el gobierno, que a su vez califica al diario de “prensa burguesa”.
La fiscalía también solicitó “al Tribunal 32 de Control del Area Metropolitana de Caracas, una orden de aprehensión” contra Peña “por presunto enriquecimiento ilícito”. Peña, cuyo paradero se desconoce y fue director de El Nacional, fue citado en 2005 por la fiscalía para ser procesado por su presunta responsabilidad en las muertes de civiles durante la intentona golpista en abril de 2002 contra el fallecido mandatario Hugo Chávez, con cuyo gobierno colaboró a finales de los noventa. El ex alcalde también tiene cargos en su contra por presunta malversación de fondos y es requerido por la justicia venezolana a través de Interpol.
El director del no estatal Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, calificó de “grave’’ el anuncio de la fiscal y dijo que le preocupa que el oficialismo esté “utilizando los tribunales y al ministerio público como un baipás para atacar a los medios’’ opositores. “Me preocupa mucho que no se respete el derecho al debido proceso, que se están tomando acciones que no llevan sino al cierre de medios ... son hechos dirigidos a censurar y poner un bozal para que no se digan las cosas’’, agregó en diálogo con la agencia AP.
El titular del diario caraqueño se destaca entre los dueños de medios que, con persistencia, denunciaron al gobierno de Hugo Chávez por “amenazas” y “campañas contra medios de comunicación independientes” con el propósito de “silenciar” a la prensa, también a través de su “estrangulamiento financiero”, como dijo Otero el 22 de noviembre de 2010.
La concentración mediática en manos del oficialismo venezolano es altísima. Y desde épocas del fallecido Hugo Chávez, el gobierno ha cerrado medios críticos venciéndolos en los tribunales o ahogándolos económicamente.
El canal privado RCTV cesó sus trasmisiones por televisión en 2007 luego de que el gobierno no le renovara la licencia de operación, al acusarle de fomentar actos golpistas.
En 2011, las directivas de Globovisión pagaron una millonaria multa para evitar el embargo de sus bienes tras ser enjuiciados por hacer apología del delito durante una trasmisión. Azuzados por la crisis, esta cadena fue vendida hace unos pocos meses a un empresario.
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