Avance del Estado sobre los contenidos periodísticos

Resulta preocupante la intromisión del poder público en la transmisión de mensajes mediante el control de la agenda de temas de los medios

Editorial (La Nación)

    

De las novedades que la controvertida ley de servicios de comunicación audiovisual introdujo en el quehacer del periodismo, una que comienza a revelarse significativa es el establecimiento de la Defensoría del Público, que depende orgánicamente de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso, y a cuyo cargo ha sido designada la periodista Cynthia Ottaviano.

Por estas horas, la relevancia de esta nueva dependencia, que ha comenzado a operar en noviembre pasado, no se debe tanto a los fines que le ha dispuesto la denominada ley de medios audiovisuales en el sentido de proteger los derechos del público de la radio, de la televisión y demás servicios audiovisuales, sino en las amenazas que puede plantear para la libertad de expresión en el país.

La defensora del público inauguró su cargo tratando de satisfacer una demanda de vecinos de la provincia de Jujuy, inquietos porque la prensa no trataba los efectos que podría tener sobre su salud la utilización de un compuesto químico en los transformadores eléctricos. La funcionaria se dirigió a Radio Nacional de Jujuy y a Radio Nacional para gestionar la cobertura periodística del caso.

A primera vista, su inspiración humanitaria no podría ser más encomiable. Sin embargo, por reparar en esa virtud no hay que dejar de advertir que, con su decisión, la funcionaria cruzó una barrera: hizo que el Estado comenzara a ejercer un control sobre los contenidos que merecen o no ser comunicados en los medios periodísticos. Es decir, hizo que el Estado establezca un mecanismo de censura que, en este caso, sirvió no para prohibir, sino para promover una información.

Plantear una alarma sobre esta intromisión del poder público en la circulación de los mensajes puede parecer exagerado. Pero si se reflexiona sobre lo sucedido, aparecen incógnitas delicadas. ¿Con qué criterio se establece que el conocimiento de una noticia beneficia al público? ¿Con qué frecuencia e intensidad debe ser difundida para que los intereses de la audiencia queden satisfechos? ¿Sería o no beneficioso, por ejemplo, un tratamiento más sistemático de las distorsiones estadísticas del Indec, o de los perjuicios que tiene para la vida humana el estado de abandono del transporte ferroviario o el mal estado de las rutas? Cuando se plantean estos interrogantes resulta evidente que cualquier intervención estatal sobre la agenda periodística supone una forma de vigilancia restrictiva de la libertad de expresión. Es paradójico, pero la denostada "ley de la dictadura" negaba toda potestad al Estado sobre la administración de los mensajes.

Además, todavía están frescas las declaraciones, luego suavizadas, de Nicolás Cherei, coordinador para el GBA zona norte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). "En cuanto al control, si existen diferentes dueños, vamos a cerciorarnos de que haya diferentes estilos editoriales, diferentes técnicos, periodistas y camarógrafos", había dicho el funcionario. El revuelo que provocaron sus declaraciones intentó ser rápidamente neutralizado por el director nacional de imagen y comunicación de la Afsca, Fernando Torrillate, cuando dijo que esa entidad "no interviene en absoluto en la línea editorial de los medios audiovisuales".

El avance del poder público sobre los contenidos de la comunicación social no está justificado, aunque se excuse en razones filantrópicas. Entre otros motivos, porque el Estado, además de administrar medios de comunicación, cuenta con fondos muy caudalosos para realizar campañas informativas sobre cuestiones de interés colectivo, como el cuidado de la salud o la preservación del ambiente. Es cierto que esos recursos muchas veces son desviados a propaganda del Gobierno, como es evidente en el ciclo Fútbol para Todos. En este caso, Ottaviano tendría una oportunidad inmejorable de hacer valer sus atribuciones, exigiendo al Poder Ejecutivo que suspenda ese tipo de proselitismo y reoriente el dinero hacia finalidades más beneficiosas para la población.

La flamante Defensoría del Público ha demostrado en varias oportunidades cierta falta de sensibilidad por los procedimientos. Días atrás, por ejemplo, exigió al gobernador de Córdoba que explique por qué en esa provincia fueron clausuradas varias antenas del sistema de Televisión Digital Abierta. Tras asegurar que con esa decisión, el gobernador José Manuel de la Sota "lesiona el derecho a la comunicación" con una medida a la que calificó de "prepotente", Ottaviano requirió a varios organismos públicos nacionales información que demuestre que, al revés de los transformadores que la desvelaron en Jujuy, esas antenas no afectan la salud de quienes habitan cerca de ellas. Pero no advirtió que la clausura se debió a que el gobierno nacional instaló esos dispositivos sin que la provincia autorizara el uso de tal tecnología. Es decir, hubo un menosprecio ostensible por la autonomía del distrito.

Otra demostración de este déficit de discernimiento institucional es la gira nacional que ha emprendido la defensora para juntar firmas reclamando por el pronto cumplimiento de la nueva ley de medios. En rigor, si quisiera alcanzar ese objetivo, le bastaría con dirigirse a la Afsca, que dirige Martín Sabbatella, o a la comisión bicameral parlamentaria de la que ella depende. Han sido estas instituciones, dominadas por el oficialismo, las que demoraron el pleno cumplimiento de la norma. Un ejemplo evidente es el de su propia situación: la designación como defensora del público se produjo tres años después de la sanción de la ley, sin que a nadie pareciera interesarle demasiado esa vacancia..