Barack Obama, acusado de hostigar a opositores y
periodistas
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En apenas una semana, el gobierno
estadounidense sufrió las consecuencias de dos episodios de intrusiones
posiblemente injustificadas en la intimidad de políticos y periodistas. Primero
se reveló que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés;
equivalente a la AFIP) en secreto, pero deliberadamente, había apuntado su lupa
a ciertos grupos conservadores, y ahora salió a la luz que el Departamento de
Justicia obtuvo en secreto dos meses de los registros telefónicos de periodistas
y editores de la Associated Press (AP), en lo que el presidente de la agencia de
noticias llamó “una masiva intrusión sin precedentes”, según el site Bulldog
Reporter.
En los registros obtenidos por el Departamento de Justicia habría llamadas salientes a números de teléfono del trabajo y personales de reporteros independientes, a teléfonos de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut) y al número principal de AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, según los abogados de la agencia. Aún no es claro si los registros también incluyen llamadas entrantes o la duración de las llamadas. Tampoco queda claro porqué obtuvieron esos registros. La Casa Blanca dijo la semana pasada que, además de reportes de prensa, no tenía conocimiento de que el Departamento de Justicia buscara registros de llamadas de la AP.
En total, el Gobierno obtuvo los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la AP y a sus periodistas entre abril y mayo de 2012. El número exacto de periodistas que usaron esas líneas telefónicas durante aquel período es desconocido, pero más de cien periodistas trabajan en las oficinas de donde se obtuvieron los registros telefónicos.
En una carta de protesta enviada al secretario de Justicia, Eric Holder, el presidente de la AP, Gary Pruitt, dijo que el Gobierno buscó y obtuvo información mucho más allá de cualquier investigación que pudiera justificarlo. Además, exigió que le devuelvan los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
La administración Obama ha investigado agresivamente las filtraciones de información secreta a los medios de comunicación y puso ante la Justicia a seis personas sospechadas de proporcionar información confidencial, más que todos sus predecesores combinados.
“No estamos involucrados en las decisiones conectadas con las investigaciones criminales, que son asuntos manejados en forma independiente el Departamento de Justicia”, dijo el vocero Jay Carney, explicando porqué la Casa Blanca no tendría conocimiento del incidente.
(UpDate Semanal de Revista Imagen)
En los registros obtenidos por el Departamento de Justicia habría llamadas salientes a números de teléfono del trabajo y personales de reporteros independientes, a teléfonos de las oficinas de AP en Nueva York, Washington y Hartford (Connecticut) y al número principal de AP en la sala de prensa de la Cámara de Representantes, según los abogados de la agencia. Aún no es claro si los registros también incluyen llamadas entrantes o la duración de las llamadas. Tampoco queda claro porqué obtuvieron esos registros. La Casa Blanca dijo la semana pasada que, además de reportes de prensa, no tenía conocimiento de que el Departamento de Justicia buscara registros de llamadas de la AP.
En total, el Gobierno obtuvo los registros de más de 20 líneas telefónicas asignadas a la AP y a sus periodistas entre abril y mayo de 2012. El número exacto de periodistas que usaron esas líneas telefónicas durante aquel período es desconocido, pero más de cien periodistas trabajan en las oficinas de donde se obtuvieron los registros telefónicos.
En una carta de protesta enviada al secretario de Justicia, Eric Holder, el presidente de la AP, Gary Pruitt, dijo que el Gobierno buscó y obtuvo información mucho más allá de cualquier investigación que pudiera justificarlo. Además, exigió que le devuelvan los registros telefónicos y la destrucción de todas las copias.
La administración Obama ha investigado agresivamente las filtraciones de información secreta a los medios de comunicación y puso ante la Justicia a seis personas sospechadas de proporcionar información confidencial, más que todos sus predecesores combinados.
“No estamos involucrados en las decisiones conectadas con las investigaciones criminales, que son asuntos manejados en forma independiente el Departamento de Justicia”, dijo el vocero Jay Carney, explicando porqué la Casa Blanca no tendría conocimiento del incidente.
(UpDate Semanal de Revista Imagen)
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