UNA AGENCIA DE NOTICIAS DENUNCIÓ QUE MÁS DE 20 TELÉFONOS DE LA COMPAÑÍA ESTABAN INTERVENIDOS POR EL GOBIERNO
El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, tuvo que salir ayer a
aclarar el porqué de las escuchas ilegales a la agencia Associated
Press.
Washington - En un inicio de semana turbulento para el Gobierno estadounidense, el fiscal general, Eric Holder, justificó
ayer el espionaje a periodistas de la agencia Associated Press (AP) por
la gravedad de la filtración que su departamento estaba investigando.
"Era una filtración muy seria, muy muy seria", repitió Holder en una conferencia de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.
"Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto", que "puso en peligro la vida de estadounidenses" y que requería "una acción muy agresiva" para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró Holder.
El secretario de Justicia dijo desconocer los detalles de la investigación, que fue llevada a cabo por el FBI bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole.
El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, "en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia", dijo Holder.
Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en EE.UU., porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la agencia investigada la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recolectados.
Según reveló ayer la propia agencia de noticias, los investigadores federales reunieron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford.
Centenares de periodistas utilizaron en ese tiempo esas líneas, y los investigadores se hicieron con todas las conversaciones que pudieron haber tenido con sus fuentes de información. Las organizaciones profesionales denunciaron unánimemente el daño que esto supone para el sistema democrático, porque suprime la confidencialidad que está en la base de la investigación periodística independiente. El presidente y consejero delegado de AP, Gary B. Pruitt, calificó la acción del Departamento de Justicia de "intrusión masiva y sin precedentes" en las actividades de la agencia.
Ronald Machen, quien trabaja para el propio departamento en Washington, fue quien reveló a AP en una carta el pasado viernes que la fiscalía federal había obtenido las grabaciones, sin explicar el porqué de la obtención de los datos.
Según revelaron varios medios ayer, Machen dirige una investigación sobre la filtración de información secreta acerca de un complot de la red terrorista Al Qaeda que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) frustró el pasado año en Yemen, y cuyo objetivo era detonar una bomba dentro de un avión con destino a EE.UU.
Un artículo de AP publicado a fines del año pasado informó de los detalles de la operación, pero la agencia ha asegurado que hizo pública la información cuando sus fuentes le aseguraron que ya no había peligro para la seguridad del país.
Este nuevo escándalo puso al Gobierno de Barack Obama aún más a la defensiva, cuando arrecia la polémica en torno de la actuación de otra agencia federal, el poderoso Servicio de Impuestos Internos (IRS), sospechoso de haber actuado con parcialidad en el tratamiento de las declaraciones fiscales de los grupos conservadores.
El vocero de la Casa Blanca se esforzó ayer por resaltar que el presidente Obama es un "firme defensor" de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que consagra el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
"Les puedo decir que el presidente cree que la prensa en general tiene que tener una capacidad ilimitada para hacer periodismo de investigación", insistió Carney. Añadió, sin embargo, que Obama "también es consciente de la necesidad del secreto y de mantener la información clasificada en secreto" con el fin de "proteger" los "intereses de seguridad nacional". "Hay un delicado equilibrio aquí que debe ser alcanzado", sostuvo Carney.
"Era una filtración muy seria, muy muy seria", repitió Holder en una conferencia de prensa en la que precisó, no obstante, que él se separó de la investigación desde el principio, para no incurrir en ningún potencial conflicto de intereses, dado que él mismo había sido interrogado previamente por el FBI a propósito de AP.
"Es una de las dos o tres filtraciones más serias que he visto", que "puso en peligro la vida de estadounidenses" y que requería "una acción muy agresiva" para tratar de descubrir al responsable del soplo, aseguró Holder.
El secretario de Justicia dijo desconocer los detalles de la investigación, que fue llevada a cabo por el FBI bajo la dirección del fiscal federal del Distrito de Columbia, y con la supervisión del fiscal general adjunto, James M. Cole.
El requerimiento para obtener las llamadas telefónicas realizadas por los periodistas de AP fue decidido por Cole, "en conformidad con los reglamentos y políticas del Departamento de Justicia", dijo Holder.
Sin embargo, la acción de la Administración ha levantado una enorme polémica en EE.UU., porque fue llevada a cabo en secreto, sin dar a la agencia investigada la oportunidad de rebatir las sospechas, y por la gran cantidad de datos recolectados.
Según reveló ayer la propia agencia de noticias, los investigadores federales reunieron información de al menos 20 de sus líneas telefónicas en abril y mayo de 2012 sobre las llamadas salientes desde sus oficinas en Nueva York, Washington y Hartford.
Centenares de periodistas utilizaron en ese tiempo esas líneas, y los investigadores se hicieron con todas las conversaciones que pudieron haber tenido con sus fuentes de información. Las organizaciones profesionales denunciaron unánimemente el daño que esto supone para el sistema democrático, porque suprime la confidencialidad que está en la base de la investigación periodística independiente. El presidente y consejero delegado de AP, Gary B. Pruitt, calificó la acción del Departamento de Justicia de "intrusión masiva y sin precedentes" en las actividades de la agencia.
Ronald Machen, quien trabaja para el propio departamento en Washington, fue quien reveló a AP en una carta el pasado viernes que la fiscalía federal había obtenido las grabaciones, sin explicar el porqué de la obtención de los datos.
Según revelaron varios medios ayer, Machen dirige una investigación sobre la filtración de información secreta acerca de un complot de la red terrorista Al Qaeda que la Agencia Nacional de Inteligencia (CIA) frustró el pasado año en Yemen, y cuyo objetivo era detonar una bomba dentro de un avión con destino a EE.UU.
Un artículo de AP publicado a fines del año pasado informó de los detalles de la operación, pero la agencia ha asegurado que hizo pública la información cuando sus fuentes le aseguraron que ya no había peligro para la seguridad del país.
Este nuevo escándalo puso al Gobierno de Barack Obama aún más a la defensiva, cuando arrecia la polémica en torno de la actuación de otra agencia federal, el poderoso Servicio de Impuestos Internos (IRS), sospechoso de haber actuado con parcialidad en el tratamiento de las declaraciones fiscales de los grupos conservadores.
El vocero de la Casa Blanca se esforzó ayer por resaltar que el presidente Obama es un "firme defensor" de la primera enmienda de la Constitución estadounidense, que consagra el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión.
"Les puedo decir que el presidente cree que la prensa en general tiene que tener una capacidad ilimitada para hacer periodismo de investigación", insistió Carney. Añadió, sin embargo, que Obama "también es consciente de la necesidad del secreto y de mantener la información clasificada en secreto" con el fin de "proteger" los "intereses de seguridad nacional". "Hay un delicado equilibrio aquí que debe ser alcanzado", sostuvo Carney.
Agencias EFE, ANSA, AFP y Reuters, y Ámbito Financiero
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