El primer ministro británico rechaza regular por ley el control del sector tras conocer las conclusiones de la Comisión Leveson, creada a raíz del escándalo de las escuchas ilegales
David Cameron se puso el listón muy alto: la prueba del algodón del informe Leveson
sobre los abusos de la prensa británica sería qué opinan del informe
las propias víctimas de esos abusos. El juez lord Brian Leveson ha
pasado el examen con notable. El primer ministro, al oponerse a la
propuesta más controvertida, lo ha suspendido. El suspenso ha supuesto
para él la apertura de un frente de batalla en el que tiene que luchar
no solo contra la oposición, sino con sus socios de coalición
liberalesdemócratas y un amplio sector de su partido, a favor de que los
nuevos mecanismos de control de la prensa estén sometidos a algún
padrinazgo legal.
Sin embargo, Cameron cuenta con un poderosísimo aliado: la prensa. La de la derecha, con el Daily Mail, el Telegraph y el Times a la cabeza. Pero también los recelos del centrista Financial Times y de los izquierdistas The Independent e incluso The Guardian.
Las propuestas del juez Leveson culminan la investigación encargada
por el primer ministro a raíz del escándalo de las escuchas ilegales del
tabloide News of the World. Tras 16 meses de investigación y
la declaración de más de 600 testigos en lo que ha sido un proceso a las
legendarias malas prácticas de una gran parte de la prensa británica,
el juez ha concluido que hace falta no solo poner en marcha un sistema
de autorregulación de la prensa controlado de forma independiente, sino
que este se ha de apoyar en algún tipo de legislación para que realmente
funcione.
La mayoría de la prensa cree que esa es una manera de instaurar la
censura, que funcionó hasta que en 1695 el Parlamento suprimió el
sistema de licencias bajo el que operaban los diarios de la época, con
el objetivo de garantizar así la libertad de prensa.
Para Leveson, esa propuesta es “esencial” y si el Gobierno la rechaza
es como si rechazara el conjunto del informe, de casi 2.000 páginas.
Para Cameron, sin embargo, eso sería “cruzar el Rubicón”, un punto de no
retorno semejante al que traspasó Julio César cuando en el año 49 antes
de Cristo cruzó ese riachuelo al frente de 50.000 soldados para tomar
Roma.
Al rechazar el núcleo duro de las recomendaciones del juez, Cameron
arriesga mucho. Por encima de todo, el peligro de que su posición no sea
percibida por la opinión pública como una defensa de la libertad de
expresión, sino como su sometimiento a los grandes empresarios de
prensa. Los afectados por las escuchas del News of the World y
otros abusos de la prensa han reaccionado de inmediato. Si no hay ningún
control legal, “las recomendaciones de Leveson no van a funcionar”, ha
alertado la escritora J.K.Rowling, que un día se encontró un mensaje de
un periodista en la ropa de su hija pequeña. “No acepto en absoluto el
argumento de que el hecho de que la prensa esté regulada significa que
no sean libres de escribir lo que quieran y lord Leveson ha sido muy
claro al respecto”, opina la autora escocesa. “Me siento alarmada y
consternada”, ha añadido.
Los afectados por ese tipo de abusos han dado la bienvenida a las
recomendaciones a pesar de que echan en falta un mecanismo que permita
paralizar al menos temporalmente una información. Ese es un aspecto que
Leveson ha rechazado precisamente para evitar que pueda haber abusos que
coarten la libertad de expresión. Lo que defiende es un código de
conducta elaborado por la propia prensa pero aplicado por personas
independientes, ajenas tanto a la industria mediática como al poder
político. Esa regulación incluiría el poder de investigar por propia
iniciativa los presuntos abusos y castigarlos con multas de hasta el 1%
de la cifra de negocios de la empresa infractora, con un tope de 5.000
libras (6.200 euros).
Sería un sistema al que los periódicos se sumarían de forma
voluntaria e incluiría la capacidad de resolver las denuncias del
público sin acudir a los tribunales, abaratando todo el proceso. Los
medios que no quisieran sumarse no tendrían esa ventaja y además Leveson
sugiere que sean sometidos al control de Ofcom, el regulador de las
telecomunicaciones. Algo que cuenta con un rechazo unánime, tanto de los
medios como de los partidos, porque Ofcom rinde cuentas directamente al
Gobierno y las televisiones tienen por ley la obligación de ser
políticamente imparciales. “Eso sería dar un paso hacia el sistema de
licencias”, advierte un editorial del Financial Times.
La vía de salida que promueve la prensa y que Cameron alienta sin
disimulo es que la industria ponga en marcha de inmediato un sistema de
autorregulación tan estricto y creíble que acabe haciendo innecesario
reforzarlo por ley. Los diarios cuentan con la ventaja de que el proceso
legislativo puede alargarse incluso hasta 2015. Los diarios reclaman
una última oportunidad para vigilarse a sí mismos, pero esta ha sido la
séptima investigación sobre sus abusos. La última, en 1991, acabó con la
creación de la Comisión de Quejas de la Prensa (PCC). Entonces fue
presentada como la panacea, pero ha acabado siendo dominada por los
intereses de los diarios, no los de las víctimas de sus abusos.
Los puntos más controvertidos
Mientras la prensa británica alerta sobre el fin de la libertad de
expresión y la llegada de la censura por primera vez desde el siglo
XVII, las víctimas de sus abusos han puesto en marcha una petición en
Internet para forzar al primer ministro a adoptar en su totalidad las
recomendaciones del juez lord Brian Leveson. A las 48 horas de su puesta
en marcha la habían firmado casi 63.000 personas.
Además de la polémica sobre si el nuevo sistema de autorregulación
independiente de la prensa ha de estar reforzado con una ley, hay otros
aspectos controvertidos:
» Voluntariedad. Leveson propone que la aceptación
de un código de conducta de la prensa sea voluntario, pero al mismo
tiempo sugiere una lista de premios y castigos para conseguir que sea
aceptado. Los que se queden fuera no podrán beneficiarse de un nuevo
sistema barato de arbitraje y deberían ser controlados por el regulador
de las telecomunicaciones, Ofcom. Ese último punto es rechazado por
todos, incluso quienes apoyan sin ambages a Leveson, como los
laboristas, los liberales y el diario The Guardian.
» Periodistas desprotegidos. El juez propone que los
periodistas dejen de estar exentos de la Ley de Policía y Evidencia
Criminal y la ley de Protección de Dartos, lo que todos los diarios
consideran que puede afectar al periodismo de investigación y facilitar a
la policía la identificación de las fuentes de los periodistas.
» Independencia. El regulador ha de ser independiente pero algunos diarios cuestionan que pueda serlo si a sus miembros los nombra el Gobierno.
» Prensa y policía. La sugerencia de que la prensa
no debe tener conversaciones confidenciales con policías se considera un
absurdo y un indicio de que Leveson no entiende cómo funciona el
oficio.
» Internet. Bastantes medios se quejan de que el
juez proponga medidas para regular la prensa escrita pero no haga
referencias al problema que supone la eclosión del periodismo en
Internet.
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