La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. / LEO LA VALLE (EFE)
El Gobierno argentino pretende aplicar el viernes la polémica Ley de Medios
El próximo viernes no será un día más en Argentina. El Gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner viene anunciando desde hace meses el 7D
en propagandas radiales y televisivas. Es el día límite para que 21
grupos de medios de comunicación presenten su plan de desinversiones
para adecuarse a la ley de servicios audiovisuales, que en 2009 fue
aprobada con el lema de acabar con la concentración económica en el
sector. Pero, según los anuncios del Gobierno, solo un conglomerado se
ha mostrado renuente a hacerlo: se trata del más grande de ellos,
Clarín, el grupo local que tras el conflicto agrario de 2008 devino el
enemigo número uno del kirchnerismo, más que cualquier partido opositor.
Este conglomerado dominado por Ernestina Herrera de Noble y Héctor
Magnetto ha respondido con una fuerte contrapropaganda con la que
intenta desmentir las acusaciones de “monopolio” que le propina el
Ejecutivo.
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, Martín Sabbatella, ha dicho que esperará hasta la
medianoche del viernes para que los grupos presenten sus propuestas. La
fecha del 7D fue fijada por la Corte Suprema de Argentina, que determinó
que ese día vence la medida cautelar que en la justicia de primera
instancia había suspendido durante tres años la vigencia de un artículo
de la ley de medios, el referido a la obligación de desinvertir para
aquellas empresas excedidas en cantidad de radios, canales u operadoras
de televisión satelital o por cable, un servicio que en este país se
encuentra muy extendido. A partir del lunes próximo, el Gobierno
adoptará las medidas necesarias para llamar a subasta de las licencias
que incumplan con la norma.
De momento, unos 14 grupos ya han presentado sus planes de adecuación
a la legislación. Se trata en su mayoría de conglomerados con líneas
editoriales afines al Gobierno. Algunos de ellos son grupos familiares y
han propuesto dividirse en varias empresas en las que cada pariente sea
dueño de una. Sabbatella ha considerado válida la oferta, pese a las
críticas de algunos defensores de la ley de medios, que en su momento no
solo fue aprobada por el kirchnerismo sino también por el socialismo y
otras fuerzas de izquierda.
Falta que otros siete conglomerados presenten sus propuestas, entre
ellos, Clarín y otros que se han mostrado proclives a hacerlo, como
Prisa (editora de El País), Telefónica y la norteamericana DirecTV. Más
de 330 medios de comunicación deberán cambiar de dueños en Argentina,
según un informe del periódico El Cronista Comercial. De ellos, a Clarín le corresponde desprenderse de entre 150 y 200.
Clarín había gozado de una estrecha relación con el Gobierno de
Néstor Kirchner (2003-2007), que en su última medida como presidente
aprobó la fusión de su operadora de televisión por cable con la
principal competidora. Cablevisión, del grupo de Noble y Magnetto, dice
que provee del servicio al 47% del mercado argentino de la televisión de
pago, es la número uno en la materia (el Ejecutivo calcula que eso
supone el 58% del servicio por cable), pero la ley de 2009 establece que
nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel
nacional. Según el Gobierno,
Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y
pueblos, cuando la norma solo permite contar con hasta 24. Clarín dice
que tiene 158.
Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio
radioeléctrico. Según el Gobierno, Clarín cuenta con 25, incluidos cinco
de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que
operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por
lo que también en este sentido estaría excedido. Pero el conglomerado
argentino dice que solo cuenta con 11 licencias, cuatro de televisión y
siete de radio.
La norma establece, asimismo, que en una misma ciudad no se puede
contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y
con emisoras de TV abierta. El “monopolio”, como lo apoda el Gobierno,
viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una
empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal
de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino, Clarín,
y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por
cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple
otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios,
incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.
Clarín asegura que la ley busca destruirlo y que ello conllevará
también el desarme de su negocio de proveedor de Internet, que va unido
al de televisión por cable. Denuncia que otros competidores como
Telefónica no son tratados por el Gobierno con la misma vara, y en eso
coinciden defensores de la ley, que además se quejan de que hasta ahora
se incumplió la norma que dice un tercio de licencias de radio y
televisión abiertas deben repartirse entre organizaciones sociales.
La legislación dice que ningún grupo extranjero puede tener más del
30% de una radio o un canal. Pero Telefónica podrá seguir teniendo sus
emisoras porque invirtió antes de 2002, cuando otra ley, la de bienes
culturales, impulsada por Clarín, había establecido ese mismo límite. El
grupo español alega, con el apoyo gubernamental, que en ese momento
nadie lo objetó y su situación entonces ya no se puede modificar. En
cambio, Prisa, que invirtió después de 2002, tendrá que vender la mayor
parte de sus participaciones en radios. Telefónica además es cuestionada
porque incumpliría con la disposición que prohíbe disponer de emisoras a
los operadores de servicios públicos, como el de telefonía. Sin
embargo, Telefónica y el Gobierno dicen que el grupo televisivo Telefé
no guarda vinculación alguna con Telefónica de Argentina sino que
pertenece directamente a la casa matriz con sede en Madrid. Tanto
Telefónica como Prisa sí deberán desinvertir porque sus canales y
radios, respectivamente, exceden una cobertura del 35% de la población
argentina.
Pero Clarín es el único de los 21 grupos en cuestión que ha
cuestionado ante la justicia la constitucionalidad del artículo que
obliga a desinvertir. Cuestiona que una norma tenga efectivo
retroactivo. Pese a que la ley fue sancionada hace tres años, el juez de
primera instancia aún no se ha expedido en la materia. También está
pendiente una petición de Clarín a un tribunal de apelaciones para que
aplique una medida cautelar que congele las desinversiones hasta que la
justicia decida sobre el fondo de la demanda. Cualquier novedad sobre
ambas resoluciones judiciales podría dejar sin efecto la fecha límite
del 7D.
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