Uno de los sectores más dinámicos desde la recuperación
democrática, el sistema de medios, ha sufrido profundas
transformaciones, estructuradas en cuatro ejes: contenidos, propiedad,
nuevas tecnologías y cuestionamiento social. La nueva ley que los regula
otorga un papel diferente al Estado y permite una fuerte presencia del
Gobierno en la información pública.
Por Martín Becerra, en "Perfil"
Los treinta años que separan el presente de la
recuperación del régimen constitucional exhiben cambios significativos
en el sistema de medios. Sus contenidos, su estructura de propiedad, su
propia definición desafiada por nuevos contornos tecnológicos y su
discusión por parte de la sociedad presentan modificaciones notables a
lo largo de estas tres décadas.
A esos cuatro ejes de análisis del período se añade la regulación
audiovisual establecida a partir de 2009 con la Ley de Servicios de
Comunicaión Audiovisual (SCA), que representa un giro en la lógica de
intervención estatal en el sector.
Si bien la adscripción al lucro moldeó buena parte de las últimas
tres décadas como principio rector del funcionamiento de los medios, en
los últimos años la discusión sobre la comunicación introdujo un
complemento de tipo político.
El análisis de los medios, hoy, no puede sustraerse de la
consideración de ese complemento político que polariza a los actores y
que colocó cuestiones como la propiedad concentrada, los intereses
económicos y la línea de política editorial de los medios en un lugar
privilegiado de la agenda pública.
1. Contenidos: el fin de la censura. El cambio
central desde 1983 es el destierro de la censura directa ejercida hasta
los años 80 no sólo por gobiernos militares, sino también por civiles en
el siglo pasado (por ejemplo, el decreto 1.774 que inauguraba las
listas negras en 1973 firmado por el presidente provisional Raúl Lastiri
a dos días de la tercera asunción de Juan Perón). Si bien hubo
episodios aislados de censura en los medios durante el gobierno de Raúl
Alfonsín, la progresiva conquista de la libertad de opinión en los
medios fue una constante.
A la vez, la digitalización de las tecnologías de producción y la
competencia de nuevas pantallas (la televisión por cable, internet, los
dispositivos móviles) afectaron los lenguajes tanto audiovisuales como
escritos. Diarios y revistas agilizaron sus ediciones con diseños que
jerarquizaron el valor de las imágenes y redujeron la extensión de los
textos. Página/12 renovó el lenguaje de los periódicos que, hasta ese
momento conservaban en formol registros discursivos de décadas
anteriores. El desenfado editorial impulsó en los 90 investigaciones
periodísticas con gran despliegue muchas veces reducidas al ejercicio de
la denuncia.
Los medios audiovisuales se remozaron y reorganizaron sus procesos
productivos a través de la tercerización de su programación, lo que
generó productoras independientes que por un lado revitalizaron
estéticamente la televisión y la radio, y por el otro significaron un
ahorro de costos fijos en las emisoras. Varias de éstas fueron más tarde
absorbidas por los grandes grupos. La organización del trabajo en los
medios fue atravesada por los procesos mencionados, en un contexto de
precarización creciente desde fines de la década de 1980, lo cual fue
acompañado por la explosión de carreras de comunicación social y
tecnicaturas de periodismo que institucionalizaron la formación
profesional y proveyeron de ex alumnos no sólo a los medios, sino
también a oficinas de relaciones públicas y comunicación institucional
del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
Pero no todo es novedad, ya que se mantiene la centralización
geográfica de la producción de contenidos: la zona metropolitana de
Buenos Aires sigue proveyendo más del 80% de la programación televisiva
originada en el país y en los medios gráficos el cierre o la absorción
de diarios locales por conglomerados mediáticos con sede en Buenos Aires
restringió la producción local. Y es muy común la práctica de alquiler
y subalquiler de espacios en medios audiovisuales, añadiendo
complejidad al peso del licenciatario en el control de los contenidos
que emite.
2. Propiedad: la concentración. Otro proceso
característico del período es la concentración de la propiedad de los
medios. Esta concentración, alentada por uno de los cambios con los que
en democracia se empeoró la Ley de Radiodifusión de la Dictadura, de
1980, se desplegó en dos fases: la primera expansiva, la segunda
defensiva. Los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999)
estimularon la fase expansiva, primero con privatizaciones que
beneficiaron a grupos nacionales (Clarín, Editorial Atlántida) y luego
permitiendo el ingreso de capitales extranjeros y bancarios. A partir de
su segundo gobierno se produjo el ingreso de conglomerados como
Telefónica, Prime o, más tarde, Prisa, y se financierizó el sistema, con
la llegada del Citibank asociado al banquero Raúl Moneta, del fondo de
inversión HTF&M, o de la sociedad entre Clarín y Goldman Sachs. La
cualidad extranjerizada y financierizada de la concentración fueron
indicadores de que los medios cotizaban tanto por su influencia
político-cultural como por su función económica. En esta fase expansiva
de la concentración el Estado autorizó la constitución de multimedios
(vía Reforma del Estado), otorgó privilegios impositivos, amplió el
límite de licencias acumulables y legalizó las redes (decreto 1.005/99).
Tras la crisis de 2001 el Estado ayudó a las empresas periodísticas a
través de la sanción de una ley denominada “de bienes culturales” que
fue, en rigor, un salvataje frente a las deudas contraídas con capitales
externos, para evitar que éstos tomaran los activos de los medios como
parte de pago. Allí se inició la segunda fase del proceso de
concentración, en la que los gobiernos de Eduardo Duhalde (2002-2003) y
Néstor Kirchner (2003-2007) respaldaron una estrategia defensiva con
políticas diseñadas a la medida de los grupos locales. Además de la ley
de bienes culturales, se extendió la explotación de las licencias por
parte de los operadores privados y se facilitó la transferencia de
emisoras sin mediación de concursos públicos. La crisis de inicios de
siglo operó como pretexto para esta segunda fase, que fue defensiva
justamente porque el argumento de empresarios y gobiernos fue que sólo
un blindaje al ingreso de otros operadores podría permitir la
recuperación de sus niveles de actividad. Esta etapa termina el 7 de
diciembre de 2007, último día hábil de la presidencia de Kirchner, pues
ese día autorizó la fusión de Cablevisión y Multicanal (Grupo Clarín).
En las últimas décadas la concentración de los medios produjo la
desaparición de empresas de comunicación medianas y pequeñas y deterioró
la diversidad de perspectivas. Así, aunque en Buenos Aires se editan
más de 13 diarios y funcionan seis señales de noticias, la concentración
de su propiedad y sus fuentes de financiamiento condicionan el
encuadramiento en torno del eje oficialismo-oposición que es el que
reporta beneficios económicos, resignando matices y subordinando la
difusión informativa al previo propósito de adular o atacar al Gobierno.
Por otro lado, el clásico descuido de emisoras de gestión estatal
comenzó a revertirse ya a partir del gobierno de Fernando de la Rúa,
pero fue con las presidencias de Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner cuando se crearon nuevas señales (Encuentro, Paka-Paka) y se
potenció la función del Estado como emisor. El Programa Fútbol para
Todos, desde 2009, vigorizó una pantalla que hasta entonces no disputaba
el interés de las audiencias. El Estado incide en el rating produciendo
contenidos de calidad, si bien en el segmento de la información
política acentuó su sesgo gubernamental.
3. El desafío de las nuevas plataformas. Otro factor
decisivo en la metamorfosis del sistema de medios fue el surgimiento
incesante de nuevas plataformas de emisión. Primero fueron las radios FM
que desde 1980 modificaron el lenguaje radiofónico y segmentaron
públicos y géneros. Además, en la salida de la dictadura el dial se
nutrió con la movilización social a través de experiencias comunitarias y
barriales que, si bien se hallaban proscriptas, lograron permisos
provisorios emitidos por el Estado. A partir de 2009 la ley audiovisual
les da amparo legal, aunque su articulado está pendiente de concreción.
El control remoto y la migración de los receptores al color
tonificaron las formas de ver televisión, pero fue a partir de 1990 en
que la paulatina masificación de la televisión por cable y su menú
multicanal introdujo una oferta de decenas de canales, muchos de ellos
temáticos, en una pantalla que sólo en las grandes ciudades contaba con
más de un canal de aire. El paisaje mediático tendría luego un revulsivo
extraordinario con internet y más adelante con las conexiones ubicuas a
través de dispositivos móviles, la diseminación de redes digitales y de
espacios que alternativizan el flujo unidireccional con soportes
analógicos propios de los medios tradicionales. El peso de los nuevos
medios se siente en los balances de las empresas que acusan una merma de
ingresos publicitarios, ya que las campañas se canalizan también a
través de los medios digitales, y una disminución de sus audiencias
seducidas por la multiplicación de la oferta.
4. El fin de la inmaculada concepción. A su vez, las
nuevas plataformas de información y entretenimiento favorecen la
extensión de la discusión social sobre la función que desempeñan los
medios cuestionando su inmaculada concepción y la ideología de la
objetividad. Esta discusión, común a varios países sudamericanos, fue
además apoyada por gobiernos que impulsan nuevas regulaciones en lo
atinente a la estructura de propiedad y a los contenidos. Tras el
estímulo a la concentración en la gestión de Kirchner, Cristina
Fernández ordenó un giro copernicano en la intervención estatal en el
sector. A partir de la llamada “crisis del campo” de 2008 la entonces
flamante presidenta se enfrentó con el Grupo Clarín que es, junto a
Telefónica, el más poderoso conglomerado comunicacional en el país. El
caso Papel Prensa, el cuestionamiento a la firma Fibertel, la gestación
del Programa Fútbol para Todos, la adopción de la norma
japonesa-brasileña de televisión digital terrestre y luego la sanción de
la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual son manifestaciones de
la nueva política de medios. Este listado sería incompleto si no
mencionara el incremento de la financiación de medios cercanos al
Gobierno con recursos públicos a través de la publicidad oficial cuyo
manejo discrecional fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, o si
omitiera medidas que protegen el derecho a la libertad de expresión,
como la despenalización de las figuras de calumnias e injurias o la
abolición del desacato.
Frente a este panorama, la ley audiovisual en su texto de 2009 fue
una respuesta de carácter inclusivo al comprender a sectores no
lucrativos (cooperativas, medios comunitarios) en la gestión de
licencias, establecer límites a la concentración de la propiedad, exigir
a las emisoras estatales pluralismo y diversidad, habilitar la
participación de minorías políticas y sociales en la aplicación y
control y proponer cuotas de contenidos locales. Sin embargo, ni el
Gobierno ni los principales grupos respetan la ley a casi cuatro años de
su sanción. Es más, la ausencia de concursos, la falta de información
fiable sobre quiénes son los licenciatarios, el guiño del Gobierno para
que la desconcentración se realice entre accionistas y allegados
(estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos excepto
Clarín (que mantiene el pleito por cuatro artículos de la norma, tema
que debe resolver la Corte Suprema de Justicia este año), el
sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección de
recursos para promover pases de figuras mediáticas tan consagradas como
reactivas a una mirada inclusiva y la postergación de los reclamos de
los sectores sin fines de lucro se combinan para desatender la
democratización prometida.
No obstante, hay cambios evidentes en el mapa de medios que no
tienen, necesariamente, a la Ley Audiovisual como guía aunque la invocan
como justificación. Hay grupos en ascenso (Cristóbal López,
Vila-Manzano, Szpolski) y un gobierno que actúa a la vez como operador
audiovisual con una destreza infrecuente en el país y como financiador
de empresas, productoras e intermediarios mediáticos. Clarín, empero, ve
acechado el dominio que ejerció durante décadas con recientes
intervenciones del Gobierno en sus mercados de actividad. Telefónica
mantiene una política de buena vecindad con el oficialismo y capitaliza
su posición dominante en el mercado de las telecomunicaciones, cuya
regulación sostiene inalterables varios principios de la Reforma del
Estado de 1989.
Se asiste, pues, a una reconfiguración de los nexos entre medios,
negocios y política a través de una pugna por llegar a 2015 con una
relación de fuerzas empresariales diferente a la que expresó el campo
mediático desde fines de la década de 1980. El Gobierno a través de los
recursos estatales pugna en esa reconfiguración con potentes grupos
privados, lo que afecta el campo profesional. Los usos sociales de la
comunicación, sin embargo, desbordan las intenciones de los actores más
influyentes y agregan incertidumbre a un escenario abierto.
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